Noticias de Manizales y Caldas: todo en actualidad, investigación, deportes, vías y noticias de la región en La Patria.
La reciente controversia sobre la asignación presupuestal en materia de movilidad y seguridad vial en Riosucio para 2024 ha intensificado el debate entre el gobierno municipal y diversas organizaciones ciudadanas. De acuerdo con estos colectivos, la decisión del alcalde de destinar 2.488 millones de pesos a la mejora de vías rurales, frente a solo 28,5 millones de pesos para las vías urbanas, constituye una marcada "injusticia espacial". Esto ha agudizado los cuestionamientos, ya que el casco urbano acoge el mayor volumen poblacional y padece los problemas más graves en materia de tránsito, accesibilidad y seguridad.
Este fenómeno local ocurre en un marco nacional donde la movilidad sostenible y la seguridad vial figuran entre los desafíos más urgentes que enfrentan ciudades colombianas. Cifras del Observatorio de Seguridad Vial del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses señalan que en Colombia fallecen más de 6.000 personas al año en accidentes de tránsito, siendo los peatones y ciclistas los grupos más vulnerables. Esto remarca la urgencia de que las políticas municipales incluyan acciones estructurales e integrales para afrontar el problema, más allá de intervenciones fragmentarias.
La falta de un liderazgo claro en la implementación del Plan Municipal de Movilidad en Riosucio se traduce en un deterioro de la seguridad y autonomía de los sectores más desprotegidos: niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Según testimonios de la Asociación de Peatones y la Fundación CAMINA+, la carencia de andenes, señalización deficiente y el uso habitual de las calles urbanas como parqueaderos ilegales han tenido consecuencias directas en la movilidad y el acceso oportuno a servicios, como lo ilustra el estacionamiento inadecuado del propio vehículo oficial del alcalde.
Diversos grupos sociales han exigido al Ejecutivo local la apertura de procesos de diálogo participativo para reorientar el modelo de ciudad hacia las personas y no hacia los automóviles. Estudios del World Resources Institute corroboran que invertir en zonas peatonales y movilidad activa (caminar y bicicleta) eleva la seguridad, mejora la calidad ambiental y dinamiza la economía local.
La Alcaldía, por su parte, sostiene que la priorización de vías rurales responde a necesidades históricas de conectividad agrícola aunque admite avances en campañas pedagógicas para disminuir la velocidad en zonas escolares, instalación de reductores y actividades de control vial. A pesar de esos esfuerzos, la muerte de 11 personas en las vías del municipio durante 2024 —algunas en tramos fuera de la directa competencia local— expone que existe un problema estructural grave, que demanda acciones coordinadas y mayor participación comunitaria.
La experiencia de otras ciudades, tales como Manizales y Medellín, resalta la importancia de una planificación urbana centrada en el peatón y sistemas sostenibles de transporte público, acompañados por una gestión política decidida y recursos distribuidos de forma equitativa. Allí, la combinación de voluntad política, inversión equilibrada y participación ciudadana ha permitido mejoras notorias en seguridad vial y calidad del entorno urbano.
Así, la situación en Riosucio evidencia la urgencia de consolidar una gestión pública inclusiva y sostenible, bajo parámetros de transparencia y capacitación ciudadana, con el objetivo de revertir las condiciones actuales. A juicio de la Fundación CAMINA+ y organismos multilaterales como el Banco Mundial, solo un enfoque técnico multidimensional, basado en la colaboración y rendición de cuentas, puede impulsar una transformación a largo plazo en beneficio de toda la población urbana.
¿Por qué la distribución del presupuesto entre zonas rurales y urbanas genera conflicto en la gestión local?
Este interrogante surge porque el presupuesto puede incidir directamente en la equidad y en la percepción de justicia dentro del municipio. En el caso de Riosucio, destinar la mayor parte de los recursos a las vías rurales, cuando los problemas más graves se presentan en la cabecera urbana, evidencia una disparidad que organizaciones locales interpretan como un desequilibrio con repercusiones tangibles en la vida cotidiana. Además, la planificación presupuestaria refleja prioridades políticas y sociales de la administración, influyendo en la calidad de servicios, seguridad y acceso a derechos para diferentes grupos de la población.
Esta pregunta es relevante para quienes buscan comprender cómo las decisiones financieras pueden afectar las dinámicas territoriales y las expectativas ciudadanas, especialmente en contextos donde la movilidad y la infraestructura impactan la seguridad, el desarrollo económico y la cohesión social. Explorar este tema permite evaluar de qué modo la gestión de recursos puede convertirse en una oportunidad para reducir brechas o, por el contrario, ampliar desigualdades.
¿Qué implica un modelo de movilidad centrado en las personas y no en los vehículos?
La inquietud surge a partir de la propuesta de varias organizaciones que apuntan hacia un rediseño de la ciudad enfocado en la calidad de vida de los habitantes. Un modelo de movilidad humana significa priorizar las infraestructuras y políticas orientadas a peatones, ciclistas y personas con discapacidades por encima de las necesidades de los automóviles. Esta visión implica invertir en andenes seguros, señalización adecuada, espacios públicos accesibles y sistemas de transporte integrados que faciliten el desplazamiento de todos.
Entender esta transformación ayuda a visualizar ciudades más seguras, saludables y equitativas. La importancia radica en reconocer que priorizar a los usuarios más vulnerables fomenta la inclusión, reduce la siniestralidad vial y aporta a la sostenibilidad ambiental y social del municipio, evitándose así los problemas asociados a una dependencia exclusiva del automóvil.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
