A partir de esos hallazgos, la Contraloría General de la República determinó que “la gestión de la gerencia y control del mismo no solo ha incumplido los objetivos que se propuso en materia de resultados físicos y financieros, sino también los principios de eficiencia y eficacia, en este último caso generando una destrucción de valor”, se lee en un comunicado.
La Contraloría dice que también encontró que aunque una obra de tal magnitud debería cumplir con altos estándares de diseño y construcción; debido al impacto social, ambiental y económico que este genera, en el caso de Hidroituango “no ha sido así”, ya que debido a los problemas que hubo se generó “mayor tiempo y costos para el proyecto”.
Estos descubrimientos de carácter administrativo “ponen al descubierto situaciones de riesgos de daño o deterioro de algunos equipos, mayores costos por almacenamiento de los que no se han podido poner en servicio, riesgos de estabilidad en algunas zonas, grietas dentro del macizo de casa de máquinas y modificaciones contractuales que vulneran el principio de planeación”, agrega la Contraloría.
El organismo también advierte que este proyecto ha sido “muy costoso” si se compara con otros de su tipo, pues tiene el costo de inversión “más alto”: cerca de 2.096 dólares por kilovatio instalado, con el agravante de que la obra no se ha terminado ni ha sido puesta en funcionamiento. Es decir, la inversión seguirá aumentando hasta que quede lista.
“Un aspecto adicional evidenciado es que EPM construyó la central de generación mediante la subcontratación con empresas especializadas, que a su vez subcontrataron parcialmente el objeto de sus contratos”, dice el informe, en el que se aclara que si bien esto no está prohibida esta figura de todas formas pone “en duda la experiencia constructiva de la empresa”.
Otro de los hallazgos de la Contraloría tiene que ver con las pérdidas “y la afectación patrimonial” que trajo la decisión de permitir que el agua del Río Cauca pasara por la casa de máquinas, ya que los “daños en la infraestructura y equipos, así como afectaciones ambientales y sociales”, fueron cuantificados en cerca de 839.454 millones de pesos. Y eso sin contar la maquinaria que se dañó y las reparaciones que están pendientes.
Finalmente, el órgano de control estima que este proyecto ha dejado un “lucro cesante” que se calcula en 1.1 billones de pesos, y que se pudo establecer “un presunto detrimento al patrimonio público por valor de 2,9 billones de pesos, correspondiente a lo que se estima es la destrucción de valor, debido a las mayores inversiones realizadas, sin entrar en operación”.
Esta gráfica muestra la inversión que se hizo debido a la contingencia y la posterior atención de la misma:
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