Por: El Espectador

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Este artículo fue curado por pulzo   May 6, 2026 - 6:06 am
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Una fuerte controversia marcó la agenda legislativa en Colombia este martes, focalizándose en dos importantes proyectos de ley: la jurisdicción agraria y el programa de bonos escolares. La tensión se agravó cuando el gobierno de Gustavo Petro solicitó al Congreso el envío de los registros de inasistencia de los congresistas al Consejo de Estado, lo que influyó en el ambiente y trajo al centro del debate el recurrente problema del quorum necesario para discutir iniciativas clave.

El primer epicentro de la discusión se vivió en la Cámara de Representantes, donde estaba prevista la discusión sobre la normativa de la jurisdicción agraria. Esta iniciativa, según datos entregados por El Espectador, recibió el impulso del ministro del Interior, Armando Benedetti, junto a sus colegas del gabinete Martha Carvajalino (Agricultura) y Jorge Iván Cuervo (Justicia), quienes insistieron formalmente en su trámite. Sin embargo, la ausencia deliberada de los grupos parlamentarios del Centro Democrático, Cambio Radical y algunos integrantes del Partido Conservador y la U, evitó que se alcanzara el quorum requerido para adelantar la sesión.

La situación se tornó más compleja cuando la oposición solicitó la presencia del director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, para el debate. Mientras que sectores opositores consideran crucial que quienes decidan sobre tierras sean jueces para brindar mayor seguridad jurídica, el sector afín al gobierno interpretó estas acciones como métodos para retrasar la aprobación de acuerdos previamente negociados entre diferentes bancadas, manteniendo así la discusión estancada.

Simultáneamente, en el Senado, se produjo un enfrentamiento inverso. La senadora Paloma Valencia, representante del Centro Democrático, criticó al Pacto Histórico y a la Alianza Verde por ausentarse justo al debatirse su propio proyecto, motivando la suspensión de la sesión. El presidente del Senado, Lidio García, del Partido Liberal, declaró que no tolerará más faltas de respeto hacia la mesa directiva, remarcando su intención de aplicar las sanciones previstas en la Ley 5 de 1992 contra quienes infrinjan el reglamento parlamentario.

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El trasfondo de estos episodios es la inquietud expresada por el Ejecutivo sobre la creciente inasistencia de los legisladores, la cual afecta el avance de proyectos fundamentales como la reforma a la salud, la jurisdicción agraria y cambios en el Código Minero. A través de una carta, el ministro Benedetti instó a enviar los listados de asistencia al Consejo de Estado para que se inicien los trámites que puedan llevar a la pérdida de investidura de los congresistas ausentes y otra serie de sanciones administrativas.

La respuesta institucional no se hizo esperar: Lidio García recordó que la fiscalización del quorum y la asistencia corresponde exclusivamente al Congreso, defendiendo la autonomía de esta rama y advirtiendo que el Ejecutivo no tiene competencia para controlar esa función. Así, el tema del quorum se convirtió en el eje del debate, evidenciando las tensiones entre las ramas del poder y la importancia de la responsabilidad individual de los representantes ante la ciudadanía.

¿Cómo funciona la pérdida de investidura en el Congreso de Colombia?
La pérdida de investidura es un proceso contemplado en la legislación colombiana que busca sancionar a los congresistas por faltas como inasistencia reiterada, conflictos de intereses o violación de las reglas de incompatibilidad. Este proceso, regulado por la Ley 5 de 1992, puede ser impulsado tras verificar listas de asistencia que evidencien fallas graves por parte de los legisladores. La medida es de alta relevancia en contextos de crisis institucionales o cuando el legislativo enfrenta bloqueos para avanzar en reformas trascendentales, ya que busca garantizar el compromiso y la responsabilidad parlamentaria en representación de la sociedad. La discusión sobre este mecanismo toma mayor importancia cuando hay confrontaciones entre Ejecutivo y Legislativo sobre la verificación y el control de deberes en el Congreso.

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