Se radicó en el Senado un proyecto de ley que busca modificar la Constitución para que los directivos de entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre otras, sean elegidos de otra manera.
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De acuerdo con el senador Antonio José Correa Jiménez, del Partido de la U, quien radicó el proyecto, es de mayor importancia que se cambie la dinámica con la que se eligen estos cargos, debido a la importancia de las entidades que, muchas veces, tiene presencia en todo el territorio nacional.
“Al cumplir una labor tan importante, estos deben certificar el conocimiento e idoneidad para el ejercicio de su labor”, reza el documento que ahora reposa en el Senado.
La pretención con el documento es modificar el numeral 13 del Artículo 305 de la Constitución Política, relacionada con la escogencia de estos cargos. “Escoger de las ternas enviadas por el jefe nacional respectivo, los gerentes o jefes seccionales de los establecimientos públicos del orden nacional que operen en el departamento, de acuerdo con la ley”, dice el citado numeral de la Carta Política.
Las entidades que operan bajo este modelo de elección y que tendrían que modificarlo son el ICNF, SENA, ICA, Esap e Invías. El legislador de la U señala en su proyecto que debe dársele “prelación a la elección en estricto orden de mérito, pero al mismo tiempo, especificando que el concurso a realizar debe efectuarse en su totalidad con universidades públicas o privadas y teniendo en cuenta criterios objetivos para su elección”.
El documento resalta que la intención es que el proceso sea más abierto al público, para que no haya duda de la elección de los dirigentes de estas entidades. Asimismo, se eliminarían las entrevistas como criterio de selección para los puestos en cuestión, pues “carecen de objetividad”.
El acto legislativo contiene la propuesta de que “la conformación de la lista de elegibles se integrará con las personas que sean seleccionadas mediante un proceso público y abierto teniendo en cuenta los criterios de capacidad y experiencia para el desempeño del cargo”.
Igualmente, señala que “comprenderá la aplicación de una o varias pruebas dirigidas a evaluar los conocimientos o aptitudes requeridos para el desempeño del empleo, además de una valoración de antecedentes de estudio y experiencia”.
El proyecto aterriza en el Capitolio tras la accidentada elección de contralor general, lo cual, por su demora y vaivenes, despertó críticas por supuesta elección a conveniencia del gobierno.
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