Una polémica proposición en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes puso en el centro del debate a congresistas del Pacto Histórico, luego de que respaldaran una solicitud que busca que la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por hechos relacionados con las masacres de El Aro y La Granja, además del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, pase de la Fiscalía a esa célula legislativa.
El caso fue revelado por el periodista Daniel Coronell en Caracol Radio, quien cuestionó que los cinco representantes del Pacto Histórico que integran la Comisión de Acusación hubieran respaldado la proposición.
La comisión está integrada por 17 representantes, cinco de ellos pertenecientes al Pacto Histórico: David Alejandro Toro, María del Mar Pizarro, Heráclito Landínez, Jorge Bastidas y Gabriel Becerra.
Según Coronell, los cinco apoyaron la proposición que plantea un conflicto positivo de competencias para que sea la Cámara la que continúe conociendo el caso de Uribe, quien era gobernador de Antioquia cuando ocurrieron los hechos investigados, entre 1996 y 1997.
La iniciativa también fue respaldada por representantes de sectores cercanos al uribismo, entre ellos Daniel Briceño, Chucho Lorduy y Jonathan Pineda, además de Carlos Cuenca, de Cambio Radical y presidente de la Comisión de Acusación.
La controversia está en que la defensa de Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, había solicitado previamente que la Cámara asumiera el proceso. El 7 de julio, según el relato de Coronell, Granados envió un correo a la Comisión de Acusación solicitando que se planteara el conflicto de competencias.
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El periodista calificó como llamativo que representantes del partido de Iván Cepeda, quien durante años ha participado en investigaciones relacionadas con Uribe, respaldaran la iniciativa promovida por la defensa.
La decisión generó dudas incluso dentro del propio sector político. Coronell contó en su espacio radial que preguntó a Cepeda si existía un acuerdo político detrás de la actuación. El senador, según el periodista, aseguró inicialmente que se estaba enterando del asunto y posteriormente publicó que quería que la Fiscalía conservara la competencia sobre el caso.
Coronell también afirmó que le preguntó directamente al expresidente Gustavo Petro si el respaldo de los congresistas del Pacto Histórico era producto de un acuerdo político, pero que no recibió respuesta.
Uno de los representantes, Gabriel Becerra, respondió que “la proposición no constituye un pronunciamiento sobre la responsabilidad del expresidente Uribe, ni puede interpretarse como una actuación orientada a dilatar el proceso”.
María del Mar Pizarro, por su parte, manifestó que debía abstenerse de pronunciarse sobre el tema.
La controversia ahora queda en manos de las autoridades competentes. Según Coronell, la Fiscalía sostiene que, al haberse planteado un conflicto de competencia por parte de la Comisión de Acusación, será la Corte Constitucional la encargada de determinar qué entidad debe continuar conociendo el caso.
En medio de este escenario, Coronell planteó una pregunta de fondo: si el respaldo del Pacto Histórico a la proposición corresponde únicamente a una discusión jurídica sobre competencias o si detrás existe algún tipo de acuerdo político. Hasta ahora, no hay evidencia presentada públicamente que permita afirmar que exista un pacto de “impunidades recíprocas”, como sugirió el periodista al cuestionar la situación.
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