En su artículo de opinión en la revista, María Jimena Duzán lamenta el hecho de que alcaldes y gobernadores del país hayan sido señalados o denunciados por su presunta relación en la celebración de contratos con aparentes sobrecostos, en especial relacionados con la compra de mercados para la población más afectada por el coronavirus en el país.
A quienes primero menciona en su columna, respecto a mandatarios locales al parecer involucrados en esas irregularidades, es a la gobernadora Elsa Noguera (Atlántico) y al alcalde Jaime Pumarejo (Barranquilla), quienes -indica la periodista- fueron puestos en sus cargos por “el clan Char”.
Acto seguido, Duzán se refiere a contratos con sobrecostos que involucrarían a los gobernadores Luis Alberto Monsalvo Gnecco (Cesar) y Nemesio Roys Garzón (Guajira), precisando que justo en esos 2 departamentos, según la columnista, “la Ñeñepolítica habría movido votos en favor de la campaña de Duque”.
“El hecho de que los denunciados por la Ñeñepolítica y por Aida Merlano sean varios de los políticos que se están lucrando del drama de la gente, solo indica que estamos ante unas organizaciones muy poderosas que funcionan como aves de carroña”, comenta la comunicadora tras recordar los señalamientos de Merlano, en su caso por fraude electoral, contra la familia Char.
Y aunque Duzán recuerda que a la fecha solo 2 mandatarios locales (Ariel Palacios Calderón, gobernador de Chocó, y Luis Alberto Balsero, alcalde de Calarcá, Quindío) han sido suspendidos por las mencionadas irregularidades en contrataciones, en medio de la pandemia, se queja porque “hasta el momento, no hay peces grandes destituidos”.
“Lo más grave” -en este tema, según la columnista- “es que hay una justicia que no se atreve a tocarlos [a esos “peces grandes”] pero que sí corre a abrirle una investigación penal a la alcaldesa de Bogotá por una contravención administrativa”.
Entre tanto, y precisamente respecto al caso por el cual fue suspendido el gobernador de Chocó, otro columnista, Yohir Ákerman -en El Espectador- lamenta el contrato por más de $2.000 millones por el que fue sancionado Ariel Palacios Calderón, y hasta expresa sus dudas frente a otros 2 contratos firmados por esa gobernación con un empresario que, según el periodista, promovió la elección del hoy suspendido mandatario departamental.
En su columna en el diario bogotano, Ákerman señala a Jefferson Edwin Jiménez Asprilla, un “renombrado contratista de la región”, como representante legal de 2 organizaciones que tienen contratos con el departamento, los cuales suman cerca de $1.500 millones en conjunto.
Lo que aquí llama la atención de Ákerman es que las empresas representadas, según lo investigado por el periodista, al parecer no cuentan con “las calificaciones, el equipo, las instalaciones o la experiencia para realizar tan complicados contratos”.
Cabe recordar que, por sobrecostos por más de $100.000 millones en contratación para atender la emergencia por el coronavirus en el país, la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría anunciaron el pasado 24 de abril que tienen en la mira a varias gobernaciones, entre ellas las de Vichada, Arauca, San Andrés, Magdalena, Valle, Cesar, Casanare, Tolima, Nariño y Guaviare.
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