Junto a Balsero Contreras también fue suspendido el secretario administrativo de ese municipio, José Winser Garzón Tobaría, quienes, según La Crónica del Quindío, están vinculados a la investigación por un contrato de 396.951.000 pesos, firmado el pasado 13 de abril para atender la emergencia por cuenta de la pandemia del coronavirus.
El medio local explica que ese contrato se pactó con Abelardo de Jesús Echeverri Penagos, dueño de un supermercado de razón social ‘El Progreso’, proveedor con el que la administración municipal también celebró otro convenio, el 8 de abril, por valor de 15.000.000 de pesos “y certificación de la publicación en el Secop de las actuaciones de dichos contratos”.
Pero las irregularidades empezaron cuando el propietario del supermercado se percató de que había un contrato millonario que afirma “jamás haber suscrito”, y, por eso, el medio dice que el comerciante decidió alertar a las autoridades.
El Tiempo se dio a la tarea de contactar al proveedor y se encontró con una respuesta similar: que la “firma no es la suya”.
Otro dato que encontró el medio capitalino es que el contrato de 15.000.000 de pesos se hizo para adquirir productos de aseo y desinfección, pero que en el más costoso figura la compra de mercados. Eso sí, dice, pero “por 381 millones de pesos más de lo que el proveedor pactó”.
En este caso, el periódico indica que la respuesta del alcalde, elegido por la Coalición Calarcá para Todos y Cambio Radical, fue: “Se inició una investigación interna para determinar si la denuncia sobre una supuesta falsa firma es real y determinar quién la puso. Por eso pedí el informe”.
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