Carrillo dio a conocer que la medida disciplinaria contra el gobernador Ariel Palacios Calderón tiene que ver con presuntas irregularidades en la contratación, destinada para la adquisición de productos y alimentos para familias de bajos recursos que afrontan la crisis por la pandemia.
“En el caso de la Gobernación de Chocó es un contrato inexplicable, exótico, en relación con una fundación que, seguramente, no tiene la competencia para hacerlo. Un contrato de más de 2.000 millones de pesos”, aseguró el funcionario.
Carrillo dio a conocer que esta decisión “se tomó hace algunos minutos”, y que por eso se pidió abrir una investigación contra los involucrados y suspender ese contrato.
Además, dijo que lo que motivó la sanción contra Palacios Calderón fue la “posibilidad de reiteración de la falta”.
Esta medida significa la suspensión del primer gobernador involucrado en escándalo de corrupción para atender la crisis del COVID-19, y se suma a las investigaciones contra las gobernaciones de Vichada, Arauca, San Andrés y Magdalena.
Además, la Procuraduría dio a conocer que en total son 24 procesos disciplinarios abiertos contra 14 gobernaciones, y que en los próximos días dará a conocer a los nuevos investigados.
Ahí también figuran cerca de 55 alcaldías, a las que organismos de control les adelantan 70 procesos disciplinarios. De hecho, el pasado jueves fue suspendido el alcalde de Calarcá, en Quindío, luego de que un proveedor denunciara que había un contrato de cerca de 400 millones de pesos que tenía su firma, pero que él nunca firmó.
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