Detrás de algunos incidentes en el aeropuerto El Dorado, hubo un proceso que involucró a esta reconocida terminal aérea en la que el Estado colombiano salvó una millonada gracias al apoyo de una entidad.
¿Qué demanda ganó la Aerocivil por licitación en aeropuerto El Dorado?
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), en coordinación con la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), logró una nueva victoria judicial al intervenir en el proceso ante el Consejo de Estado y evitar el pago de 75.601,6 millones de pesos que exigía la sociedad Aviatek SAS, integrante del Consorcio Samtek.
La controversia giraba en torno a la licitación pública 13000011-OL de 2013,
cuyo objeto era la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del
sistema de automatización de ayudas visuales en el Aeropuerto Internacional El Dorado.
La Aerocivil declaró desierto el proceso tras considerar que el oferente no cumplió con el requisito de apostilla en las certificaciones de experiencia
presentadas, condición exigida por los pliegos y la normativa vigente.
AVIATEK SAS demandó al Estado, solicitando una indemnización superior a
75.600 millones de pesos.
¿Qué indicó el Consejo de Estado sobre demanda contra la Aerocivil?
No obstante, y en virtud de la intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), el Consejo de Estado concluyó que la ausencia de apostilla no era una simple formalidad, sino un requisito legal indispensable para conferir validez a documentos expedidos en el exterior.
Ante la imposibilidad de acreditar ese requisito y la falta de otros proponentes
que cumplieran con las condiciones jurídicas, técnicas y financieras, el alto
tribunal respaldó la decisión de declarar desierta la licitación como medida legal y procedente.
“Con este resultado, la Agencia reafirma su compromiso con la protección de los recursos públicos, mediante una defensa jurídica estratégica, preventiva y eficaz de los intereses del Estado colombiano”, manifestó el director general, César Palomino Cortés.
¿Qué es la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado?
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) es una entidad del Gobierno colombiano, adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho, cuya misión principal es liderar la defensa de los intereses de la Nación en procesos judiciales y arbitrales, tanto a nivel nacional como internacional. Su objetivo fundamental es proteger la institucionalidad y los recursos públicos, evitando que el Estado sea condenado en juicios que resulten en grandes pérdidas económicas.
Creada por el Decreto 4085 de 2011, la Agencia surgió como respuesta a la alta litigiosidad y a las millonarias condenas que históricamente ha enfrentado el Estado colombiano. Antes de su creación, cada entidad pública era responsable de su propia defensa, lo que llevaba a una falta de coordinación y a una defensa fragmentada, ineficaz en muchos casos. La ANDJE llegó para centralizar, coordinar y fortalecer la estrategia jurídica del Estado.
Sus funciones se dividen en dos áreas principales:
- Prevención del daño antijurídico: la Agencia trabaja en la formulación de políticas y estrategias para que las entidades públicas eviten generar conflictos que puedan terminar en demandas. Esto implica identificar los riesgos de litigio, analizar las causas más comunes de las demandas y proponer correctivos normativos o de gestión para reducir la responsabilidad del Estado.
- Defensa jurídica: cuando ya existe una demanda, la ANDJE asume la defensa del Estado en los casos más relevantes, ya sea por su cuantía, su relevancia social o su impacto político. Coordina la actuación de las diferentes entidades públicas involucradas, interviene en los comités de conciliación y, en casos de alta complejidad, asume directamente el proceso judicial o arbitral. Un área de especialización es la defensa del Estado en procesos ante tribunales internacionales, como el CIADI, que son de gran relevancia para la inversión extranjera.
Además, la Agencia administra el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado (eKOGUI), una herramienta tecnológica que permite a todas las entidades públicas registrar y hacer seguimiento a sus procesos judiciales, facilitando la toma de decisiones estratégicas.
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