El informe, resumido en español en el sitio web Business and Human Rights Resource Centre, se refiere puntualmente a los defensores de Derechos Humanos que denuncian abusos del sector empresarial.
En este se precisa que el país más peligroso del mundo para estos críticos es Honduras, mientras que América Latina es la región con más ataques a nivel mundial.
El estudio, divulgado este lunes, señala además que, en Colombia, 181 defensores sufrieron atentados y que el 76 % de estos casos se produjo en zonas con alta inversión industrial.
“Las acciones específicas en las zonas rurales y para personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente no han sido eficaces, y el riesgo sigue siendo demasiado alto para los defensores”, indica el informe.
El análisis, que evaluó el papel de las empresas en la violación de Derechos Humanos detalla que la mayoría de los 181 atentados ocurrió en 2017 y 2018, y suponen un aumento significativo desde la firma del acuerdo de paz con las Farc, en noviembre de 2016.
Según el informe, el riesgo es mayor para aquellos defensores que tratan de prevenir o exponer los abusos de las empresas dedicadas a minería, ganadería, agricultura, combustibles fósiles e hidroeléctricas, ya que el 90 % de los ataques están relacionados con esos sectores.
El estudio destacó además que las zonas en las que se cometen estos ataques son principalmente regiones con instituciones estatales civiles débiles, en las que hay actores armados y economías ilegales, así como disputas por tierras relacionadas con proyectos empresariales.
Entre los ataques sistemáticos de los que son víctimas los defensores se encuentran las amenazas de muerte contra ellos y sus familias, asesinatos, atentados físicos e intimidaciones.
“La mayoría de los defensores de Derechos Humanos que fueron atacados eran dirigentes y miembros de las comunidades afectadas, sindicalistas y personas afrocolombianas e indígenas”, señaló el informe.
Las empresas no son siempre las responsables
Aunque el estudio aclaró esto, destacó que los defensores son víctimas por denunciar las actividades que estas realizan.
“Se cree que la mayoría de estos ataques son llevados a cabo por actores que no están directamente vinculados a las empresas”, explicó.
Por esa razón, el estudio exhortó a las compañías a trabajar para prevenir los ataques contra los críticos de las industrias en el país y, aunque resaltó los esfuerzos de las autoridades para proteger a los defensores de Derechos Humanos, advirtió que mientras las políticas y del Gobierno den prioridad a las empresas antes que a los defensores, los ataques continuarán.
Recomendaciones al Estado
El estudio hizo varias recomendaciones al país para que se establezca un enfoque de cero tolerancia respecto a represalias y ataques contra los defensores de Derechos Humanos, tales como implementar procedimientos de prevención y respetar las consultas populares de las comunidades étnicas.
A la Defensoría del Pueblo le pidió incorporar la dimensión empresarial en el monitoreo y alerta sobre ataques a los defensores, y a la Fiscalía General profundizar la investigación de los ataques más allá de la identificación de los actores materiales para establecer la responsabilidad directa e indirecta de las empresas posiblemente relacionadas.
Igualmente exhortó a la Unidad Nacional de Protección a que reconozca las necesidades de los defensores basados en enfoques diferenciales étnicos, de género y territoriales, y a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos pidió promover la incorporación efectiva de las recomendaciones del relator especial sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos.
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