Según el decreto, a partir del 28 de diciembre Claudia Sofía Ortiz Rodríguez ocupará el cargo de presidente de la entidad, un nombramiento que el mandatario concreta pese a la polémica levantada, en octubre pasado, por las irregularidades en su experiencia laboral, que al parecer no era la requerida para esta cartera.
De acuerdo con el manual de funciones de la entidad, la ADR es la encargada de “gestionar, promover y financiar el desarrollo agropecuario y rural para la transformación del campo y adelantar programas con impacto regional”, y su presidente debe acreditar una maestría y 72 meses de experiencia laboral afín con el sector agrícola.
No obstante, aunque Ortiz juramentó su poca experiencia en este campo ante una notaría, como reveló Blu Radio, la emisora indica también que Presidencia de la Republica publicó el 25 de octubre una actualización de la hoja de vida de Ortiz, más extensa y sin la declaración juramentada, con información adicional que no había expuesto en el currículum inicial presentado para aspirar a este cargo.
De esta manera, según explica ese medio, Ortiz pasó de tener 27 años de experiencia como abogada a poco más de 19 años de experiencia laboral en el sector público, privado e independiente.
A la polémica de este nombramiento se había sumado hasta el propio ministro de Agricultura del gabinete Duque, Andrés Valencia, que en diálogo con Blu Radio reconoció, a inicios de octubre, que Ortiz no solo no tiene los estudios requeridos para ocupar el cargo, sino que tampoco la experiencia necesaria en el sector agrícola.
Aun así, quizá por su cercanía con el uribismo, Ortiz siempre fue una ficha para el presidente Duque, que este año la calificó como “una mujer templada, que sabe poner orden, de carácter y honesta”.
Cabe recordar que la ahora presidenta de la ADR también fue considerada por el Gobierno para ser la directora de la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero ese nombramiento sí se cayó por sus posturas de extrema derecha, que no daban garantías a líderes sociales y varios miembros de la desmovilizada guerrilla de las Farc, por ejemplo, a quienes la entidad debe proteger.
Este es el decreto firmado por Iván Duque y publicado el 28 de diciembre:
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