El pasado 28 de septiembre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López envío un documento el presidente Gustavo Petro, en el que proponía la creación de una autoridad ambiental especial para la región metropolitana de la ciudad y Cundinamarca.

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Este martes, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad contestó la solicitud argumentando que, aunque el Gobierno celebra la intención de la mandataria local, hay una serie de aspectos jurídicos que es necesario resolver previamente.

“La creación de la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca como entidad administrativa de asociatividad regional de régimen especial ha estado precedida de decisiones que restringieron las garantías en el derecho de la participación y, específicamente, frente a la consulta popular para el ingreso a cualquier tipo de autoridad metropolitana en Colombia”, explicó la ministra.

En el artículo 319 de la Constitución de 1991, como señala la jefe de la cartera, se estableció que para la vinculación de municipios a entidades administrativas como las áreas metropolitanas se debía convocar y realizar una consulta popular.

No obstante, para el caso de la figura de Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca se eliminó este punto con el acto legislativo 2 de 2020, que a su vez modificó el artículo 325 de la Constitución para crear esta nueva figura sin consultar a los ciudadanos.

Y sumado a lo anterior, el mismo acto legislativo definió que la Región Metropolitana no modificaría el régimen de financiación de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), no los municipios de su jurisdicción.

Gobierno de Gustavo Petro le responde a Claudia López

Para incluir una autoridad ambiental, como lo expone la alcaldesa Claudia López se requiere modificar la normativa creada en 2020, lo que implicaría cambiar el acto legislativo.

“Al mismo tiempo cursa en el Concejo de Bogotá el proyecto de acuerdo 462 de 2022 con el cual se pondría en funcionamiento la figura de Región Metropolitana sin dichas modificaciones al acto legislativo”, agregó la ministra.

En consecuencia, dice en la comunicación, “para avanzar en la propuesta es necesario que el proyecto de acuerdo que cursa actualmente en el Concejo sea retirado, en tanto con las disposiciones allí establecidas no es posible el desarrollo de la consulta popular, ni el abordaje de los temas solicitados”.

Además, la ministra trae a colación la discusión que inicia en el Congreso sobre otro proyecto de acto legislativo (211 de 2022), que busca modificar, precisamente, el artículo 235 de la Constitución para recuperar la consulta popular como mecanismo de decisión vinculante.

“Invitamos a la alcaldesa, al gobernador, a los municipios y a los ciudadanos a sentarnos a dialogar para definir el alcance de un nuevo arreglo institucional ambiental para la región, en el marco de una reforma estructural del Sistema Nacional Ambiental, desde el cual se garantice la participación ciudadana”, concluyó Muhamad.

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Ante la comunicación, la alcaldesa Claudia López respondió en su cuenta de Twitter: “Agradezco la respuesta. Lamento que la misma denote a quienes siguen en lógica de fuerza personal y política de oposición y no de gobiernos aliados y del cambio, en lo local y nacional. Tenemos la oportunidad única y común del presente y el futuro, no las pequeñeces y el pasado”.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.