La Alcaldía de Bogotá anunció este lunes 11 de julio que interpuso una denuncia contra el Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR), encargado de operar el relleno sanitario Doña Juana, principal vertedero de basura de la capital del país.

Claudia López aseguró, en medio de un evento público, que el Distrito está siendo víctima de la corrupción y los incumplimentos en el contrato firmado con la citada compañía.

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Alcaldía de Bogotá demandó a CGR por tres presuntos delitos:

El primero es el de peculado por aprobación, pues, según López, la organización “se ha quedado” con el dinero de los bogotanos y no ha cumplido con lo prometido.

“CGR se ha embolsillado 163 mil millones de pesos de los bolsillos de los bogotanos y no ha cumplido ni con la construcción de la planta de tratamiento ni con los estándares de tratamiento de lixiviados del relleno Doña Juana durante cuatro años”, afirmó.

La segunda corresponde a fraude a resolución judicial. A finales del 2018, un tribunal de arbitramiento sancionó a la empresa con una multa de 2.172 millones de pesos, los cuales tuvo que pagar a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). Así mismo, se le encomendó el deber te construir la planta de tratamiento de lixiviados, los líquidos que percolan a través de los residuos sólidos.

“CGR le ha hecho fraude, no ha cumplido”, apuntó la alcaldesa.

Y por último, se adelantarán medidas por fraude procesal, ya que GCR habría acudido a una audiencia pública en el Tribunal Superior de Cundinamarca a ofrecer “información falsa”. Esto, dijo la mandataria local, “con el objetivo de inducir a error judicial a autoridades judiciales de la República para evadir su responsabilidad y generar más perjuicios a los bogotanos”.

“Este es el caso de abuso y corrupción más grave que yo he descubierto desde que soy alcaldesa. Es la mayor estafa que hemos vivido en Bogotá”, sentenció López  en su discurso.

Ante los impedimientos por cuenta del tribunal de arbitramento, la adminstración distrital adelantará tres procedimientos. Uno corresponde a la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, a la cual pidió “la mayor celeridad”.

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El segundo respecta a una solicitud que se presentará a la Cámara de Comercio para que los jueces “sean imparciales” a la hora de tomar sus determinaciones. “Los bogotanos no hemos tenido un tratamiento ajustado a derecho ni de garantías hasta el momento”, remarcó la funcionaria.

Y finalmente, dirigirse al Gobierno Nacional para que le colabore a Bogotá a detener los “abusos” del operador CGR. De acuerdo con la alcaldesa, el caso ya fue puesto en conocimiento del presidente electo Gustavo Petro.