El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las a...
El Suroeste antioqueño amaneció entre el miedo y el luto tras dos ataques armados casi simultáneos que dejaron cinco víctimas mortales en los municipios de Tarso y Andes durante la madrugada del jueves. De acuerdo con la información suministrada por fuentes oficiales y reportada por El Colombiano, los hechos violentos se produjeron en menos de cinco horas y son el reflejo de la tensa situación de orden público en la zona, marcada por la confrontación directa de grupos armados ilegales que buscan controlar el territorio y sus economías ilícitas.
El primer ataque se perpetró en la vereda El Cedro, a aproximadamente cincuenta minutos del área urbana de Tarso. Allí, sujetos armados irrumpieron en la tranquilidad rural y forzaron a dos hombres y una mujer a abandonar sus viviendas. Las víctimas fueron conducidas hasta la placa polideportiva del sector, donde les arrebataron la vida empleando armas de fuego. Según declaraciones del coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, las primeras hipótesis indican que la acción obedecería a la disputa territorial entre el Clan del Golfo y la banda de delincuencia común “Los Pachecos”, que mantiene presencia en Tarso, Jericó y Pueblorrico. Llama la atención que entre las personas asesinadas se encontraba una mujer que recientemente había ejercido como presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda, situación que pone de manifiesto la vulnerabilidad de los líderes sociales en la región.
Poco tiempo después, el corregimiento de Santa Rita, en Andes, fue escenario de otro episodio de violencia. Un grupo de entre diez y quince hombres armados irrumpió en un velorio y, tras identificar a dos asistentes, los sacó del lugar y los asesinó en la vía pública. Las primeras indagaciones apuntan a que este doble homicidio está vinculado a disputas internas del Clan del Golfo, relacionadas con pérdidas o malos manejos de dineros provenientes de actividades ilícitas no entregados a los cabecillas.
Ambos hechos forman parte de un panorama violento que se ha agravado desde el año anterior. Según datos reportados por El Colombiano, el municipio de Andes enfrentó en 2025 un aumento del 300% en homicidios, rebasando las 60 muertes violentas y alcanzando cifras sin precedentes en lo que va del siglo. La gravedad de la situación llevó a que en octubre del año pasado el párroco local advirtiera la inminente saturación del cementerio municipal, incapaz de dar sepultura a todas las víctimas.
La inteligencia policial señala que en el Suroeste de Antioquia coexisten al menos cinco disputas entre organizaciones criminales. El Clan del Golfo, especialmente la subestructura Edwin Román Velásquez, sostiene enfrentamientos internos y externos con bandas provenientes del Valle de Aburrá, como La Terraza —conocida también como La Oficina de Andes— y El Mesa. Todas buscan controlar el microtráfico de estupefacientes en predios cafeteros, así como las cruciales rutas del narcotráfico que atraviesan la zona, convirtiendo a la región en un territorio de alta conflictividad.
¿Qué papel cumplen las Juntas de Acción Comunal (JAC) en la seguridad de las zonas rurales? Las Juntas de Acción Comunal son organizaciones comunitarias que representan a los habitantes de barrios y veredas, velando por el bienestar, la gestión de proyectos y la convivencia social. Su papel es crucial en municipios con alta conflictividad, ya que promueven la organización ciudadana y el diálogo con las autoridades. Sin embargo, como se evidenció con el asesinato de la expresidenta de una JAC en Tarso, sus líderes suelen verse expuestos y vulnerables ante las retaliaciones y amenazas de los grupos armados, lo que agrava la crisis de seguridad y dificulta el fortalecimiento del tejido social en las zonas rurales afectadas por la violencia.
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