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En un fallo sin precedentes, la Corte Constitucional ha permitido el uso de inteligencia artificial, como ChatGPT, por parte de los jueces de la República en sus decisiones judiciales. Este dictamen marca la primera vez que el alto tribunal se pronuncia sobre el uso de tecnología en la administración de justicia.
La decisión, plasmada en un documento de 186 páginas, establece que los jueces pueden utilizar herramientas de inteligencia artificial bajo criterios estrictos de transparencia, responsabilidad y control humano. La Corte dejó claro que estas tecnologías deben ser vistas como un apoyo y no como un reemplazo del razonamiento jurídico tradicional.
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Detalles del caso y la decisión de la Corte Constitucional
El caso que llevó a esta decisión surgió de una tutela resuelta por un juez de Cartagena en febrero de 2023, quien utilizó ChatGPT para redactar la parte motiva de su sentencia en un caso relacionado con la protección de los derechos fundamentales de un menor con autismo.
Este uso de IA generó un debate nacional sobre su lugar en la justicia, especialmente en decisiones que afectan derechos fundamentales.
En su fallo, la Corte no solo validó el uso de IA en ciertos aspectos judiciales, sino que también emitió una serie de órdenes al Consejo Superior de la Judicatura para regular su implementación en la Rama Judicial.
Entre las órdenes destacan la necesidad de desarrollar un manual sobre el uso de IA en los despachos judiciales y la obligación de garantizar que el razonamiento humano prevalezca en la toma de decisiones.
Además, la Corte advirtió sobre los riesgos asociados al uso indiscriminado de estas tecnologías, como la posibilidad de sesgos y “alucinaciones” en las respuestas generadas por la IA. En consecuencia, cualquier uso de IA en el sistema judicial debe ser supervisado y estar sujeto a principios éticos claros.
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La Administración de Justicia tiene un plazo de cuatro meses para divulgar una guía oficial sobre la implementación de IA, asegurando que se respeten los principios de debido proceso, autonomía e independencia judicial.
Este fallo, que tendrá efectos ‘inter comunis’, es un paso significativo hacia la modernización del sistema judicial colombiano, pero también subraya la importancia de un uso cauteloso y ético de la tecnología en la justicia.
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