La decisión no solo le generó a la paz total su mayor revés hasta ahora, sino que se convirtió en una piedra en el zapato para el Gobierno por la dificultad para hacerle verificación y seguimiento a los cuatro grupos armados.

Con múltiples reportes de asesinatos a líderes sociales, ataques a bases militares, secuestros y hostigamientos a la población civil, el primer mes del cese al fuego pasó el examen en rojo justo en un momento clave para que el Congreso apruebe leyes como la de Aceptabilidad y Responsabilidad Penal, un paquete de normas con las que el Gobierno busca desarmar a los más de 20 grupos que han anunciado su intención de sumarse a la paz total.

(Lea después: Verdades que ‘H. H.’ quiere contar a la JEP: revelaría la fosa común más grande de Colombia)

Según un seguimiento en terreno del Instituto de Ideas para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, durante este primer mes de la medida se registraron por lo menos 29 violaciones claras al cese bilateral entre los grupos armados ilegales y la Fuerza Pública.

De ese total, un 86,2% de las infracciones estuvo a cargo de las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc conocidas como Estado Mayor Central, EMC, un grupo que está liderado por Iván Mordisco y que es bastante diferente a las otras disidencias conocidas como la Segunda Marquetalia, dirigidas actualmente por el exfirmante de paz Iván Márquez.

Lee También

Con todo esto, Indepaz revela un panorama más esperanzador para los otros tres grupos con los que Petro anunció el cese bilateral: las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta, la Segunda Marquetalia y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, más conocidas como el Clan del Golfo. De esos tres, solo las AGC perpetraron tres violaciones a la medida, con lo que dejaron un balance menos crítico que con las disidencias del Estado Mayor Central.

Pese a eso, el cese al fuego con esos cuatro grupos armados concentra el mayor de sus problemas en la dificultad para hacerle seguimiento a tantas estructuras al mismo tiempo y sin unas reglas claras de lo que pueden hacer, y lo que no, cada una de las partes.

Esos riesgos del cese al fuego y la dificultad para determinar cuando hay violaciones a la medida han sido alertados por la ONU y la Iglesia Católica, dos entidades que el Gobierno nombró como verificadoras y que han dicho que aún no tienen las herramientas necesarias para hacer un seguimiento oficial del tema.

(Vea también: Víctimas de atentado a El Nogal siguen “esperando verdad plena de las Farc”)

De hecho, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, se refirió a ese tema diciendo que tropas de las disidencias y del Clan del Golfo están acudiendo a las instituciones educativas para adoctrinar a los estudiantes e intentar reclutarlos, un hecho que calificó como una infracción al Derecho Internacional Humanitario y una posible violación al cese al fuego.

Según aseveró, en Antioquia se estarían presentando un incremento de las acciones delictivas de esos grupos armados “aprovechando la falta de claridad que hay sobre las reglas del juego y sobre la verificación de ese cese al fuego”.

Por ahora, los grupos armados apenas completan uno de los seis meses de cese bilateral al fuego que concedió el Gobierno. Si la tendencia continúa, Indepaz estima que podría haber una reducción de la violencia.

Según concluyó el informe, “desde el tercer trimestre de 2022 se han venido desescalando las violencias generadas por los grupos armados ilegales y sus impactos en la población civil como consecuencia de las iniciativas para la solución dialogada de los conflictos”.

LO ÚLTIMO