Dos empleados y el hermano del alcalde de Río de Oro fueron judicializados ante un juez de control de garantías como las personas que, presuntamente, acabaron con la vida de Kisly Gómez Sánchez, de 26 años de edad, atacada con arma de fuego en medio de las fiestas patronales de ese mismo municipio del sur del Cesar.
Juan Carlos Oliveros Almenares y Jhon Isnardo Cortez Jácome, escolta y conductor del alcalde, respectivamente, así como también el hermano del mandatario, Darío Santana Rincón, fueron imputados por el delito de homicidio agravado y lesiones personales, de los cuales se declararon inocentes.
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Según la Fiscalía, varios ciudadanos observaron la manera cómo los empleados del alcalde dispararon de manera indiscriminada en contra de la población que salió despavorida en busca de refugio.
Además, el ente presentó un testigo que aseguró que vio cuando Oliveros Almenares disparó al aire y después apuntó a ‘quema ropa’ a una esquina donde cayó muerta la joven.
De igual manera, resultaron heridos Jesús Alberto Gómez León, Nicolás Flores Sánchez y José Fernando Quintero Rodríguez.
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Ante el llamado de la comunidad a las autoridades, el escolta, conductor y hermano del alcalde se marcharon del sitio con rumbo a una vía de Ocaña donde fueron interceptados por la Policía Nacional.
En la diligencia los uniformados sometieron a los implicados a una requisa y les incautaron cuatro armas de fuego, de las cuales una era el arma personal del alcalde en poder de su escolta.
De acuerdo a los elementos recaudados, el alcalde de Río de Oro, José Helí Santana, estuvo departiendo con los implicados en el pueblo.
El abogado representante de la víctima, Christian Andrés Leal, solicitó que los detenidos fueran enviados a prisión por representar un peligro para la sociedad y la gravedad de la conducta.
“Por ahora los elementos que hay en la actuación informan que los autores de ese riesgo son los dos aquí procesados y no me voy a referir a la imposición de medida respecto al señor Santana; porque por lealtad procesal, tengo que decir que no hay elementos suficientes por ahora para realizar una petición de esa magnitud frente a ese ciudadano”, manifestó Leal.
Hasta el cierre de esta edición debatían la medida de aseguramiento.
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