La Fiscalía dio a conocer que, luego de que un juez de Bogotá legalizara la captura de Pinto, ella deberá permanecer en una cárcel por la medida que un juez de Riohacha (La Guajira) le impuso el 5 de julio de 2019.

La exgobernadora ya fue recluida en una prisión, acusada de los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público.

Según las autoridades, Pinto, como gobernadora de La Guajira, habría amañado la selección de contratistas de obras, y le habría pagado a cerca de 2.000 personas sin haber trabajado, para que apoyaran su campaña electoral a la alcaldía de Albania.

Además, la exfuncionaria está vinculada a un caso, que se encuentra en etapa preparatoria ante un juzgado de Bogotá, que tiene que ver con un convenio interadministrativo entre la alcaldía de Albania y el hospital San Rafael, de ese municipio, para reducir los índices de mortalidad infantil, pero que en realidad habría ocasionado una pérdida de recursos por el orden de los  6.900’000.000 de pesos.

“Las anomalías radican en el supuesto manejo irregular de la ejecución contractual, el falseo de todos los documentos contractuales y el trasfondo político dado que solo trabajaban en el mismo quienes manifestaran su apoyo político a Oneida Pinto”, agregó la Fiscalía. 

Pinto se entregó a las autoridades este domingo, luego de ser prófuga de la justicia por un año.