La Fiscalía General de la Nación confirmó en su cuenta de Twitter la entrega voluntaria de Pinto para cumplir medida de aseguramiento, destacando que la orden de captura en su contra se dio por presuntas pérdidas de más de 5.900 millones de pesos en la construcción de adoquines en el municipio de Albania.  

El ente acusador le imputó cargos a la exgobernadora por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimientos de requisitos, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento público y privado.

En 2017, la Fiscalía pidió cárcel para Pinto luego de que los investigadores encontraran que en 2011 se malversaron los fondos del programa que buscaba reducir la mortalidad infantil en La Guajira.

La exgobernadora, que estaba prófuga de la justicia desde el 18 de junio de 2019 cuando no regresó a la audiencia de imputación de cargos luego de un receso de media hora en los juzgados de Paloquemao, acudió a las autoridades después de que un juez prorrogara la medida de aseguramiento en su contra, según indicó El tiempo.