Seis personas que presuntamente hacían parte de una red señalada de realizar importaciones y exportaciones de manera ilegal en la Costa Caribe fueron judicializadas tras un operativo efectuado a nivel nacional.
Estas son Jeysson Enrique Pautt Bustos, Ismael Andrés Rodríguez Quintero, Marco Segundo Eguis Ruíz y Jorge Luis Bolaño Romero, así como también el inspector de la DIAN, Seccional Barranquilla, Roberto José Collante Santiago y el integrante de la Policía Nacional John Jairo del Real Montalvo, quien se desempeñaba como inspector de control portuario y aduanero en Cartagena.
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Según la investigación, las irregularidades en las operaciones comerciales, al parecer, se concretaron mediante pagos a funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y de la Policía Nacional.
Su área de injerencia era en Bogotá y en los departamentos de Bolívar, Atlántico, Cesar y Norte de Santander donde se encargaban del relacionamiento con posibles clientes y entregar las dádivas a los servidores públicos por cada acta de inspección reportada sin novedad u obtener las autorizaciones correspondientes.
“Realizarían pagos a funcionarios de la DIAN y de la Dirección Antinarcótico de la Policía Nacional para evadir los controles aduaneros, los procesados se encargarían del relacionamiento con los eventuales clientes al igual que las negociaciones delictivas con servidores públicos y de los pagos ilícitos por cada acta de inspección que fueran reportadas sin novedad y que permitieran obtener las autorizaciones correspondientes”, manifestó Leonardo Quevedo Castillo, director especializado contra delitos fiscales.
Así las cosas, La Fiscalía imputó a Jeysson Enrique Pautt Bustos, Ismael Andrés Rodríguez Quintero, Marco Segundo Eguis Ruíz y Jorge Luis Bolaño Romero los delitos de concierto para delinquir con fines de cometer delitos contra la administración pública y cohecho por dar u ofrecer.
Mientras que el funcionario de la Dian Roberto José Collante Santiago y el miembro de la Policía John Jairo del Real Montalvo fueron imputados por el delito de concierto para delinquir y cohecho impropio.
No obstante, un juez de control de garantías decidió cobijar a algunos con medidas de aseguramiento domiciliario y a otros con una medida no privativa de la libertad.
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