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La organización de los calendarios escolares en Colombia va más allá de disponer de periodos de clases y vacaciones, pues refleja tensiones persistentes entre las directrices estatales, la diversidad de las instituciones educativas y las necesidades que plantea una sociedad en transformación constante. La estructura de estos calendarios constituye un punto central del debate educativo, al tratar de equilibrar la regulación estatal con el reconocimiento de diversas realidades pedagógicas y sociales.
En la actualidad, el país funciona sobre la base de dos modelos principales: el Calendario A, que predomina en instituciones públicas y muchas privadas, inicia en enero y termina en noviembre, e incluye recesos en abril o junio, según la región, además de julio, diciembre y la semana de receso en octubre instaurada por la Ley 1857 de 2017 —una medida dirigida a fortalecer los vínculos familiares y fomentar actividades culturales y deportivas. Paralelamente, el Calendario B, más común en colegios privados con orientación internacional, inicia en agosto y termina en junio, en un afán de armonización con sistemas extranjeros, lo que plantea una controversia sobre la conveniencia de sostener ambos esquemas dentro de un mismo país en un contexto de creciente presión por la homologación global.
El Ministerio de Educación Nacional ha establecido que las fechas de inicio y final de las clases presentan poca flexibilidad, salvo excepciones. Esta directriz impulsa la uniformidad, pero puede restringir la capacidad de adaptación frente a contextos locales o situaciones emergentes, como las crisis sanitarias. Un análisis regional evidencia que la mayoría de los países latinoamericanos ha migrado hacia la uniformidad en sus calendarios, lo que facilita la movilidad de estudiantes y profesores.
Detrás de la organización temporal, se demuestra que los recesos inciden en el bienestar de la comunidad educativa. Investigaciones de la Universidad de los Andes y la Pontificia Universidad Javeriana afirman que los descansos planificados disminuyen el estrés académico y favorecen la adquisición de competencias. Sin embargo, estas ventajas no son iguales para todos: los colegios privados suelen contar con más opciones para aprovechar los periodos de receso, mostrando así disparidades frente a los colegios públicos, donde las oportunidades extracurricular son más limitadas.
La crisis provocada por la pandemia de COVID-19 puso de relieve la necesidad de revisitar la rigidez del calendario. De acuerdo con un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 2023, Colombia experimentó una de las demoras más notorias en el regreso pleno a la presencialidad, incrementando las pérdidas de aprendizaje en poblaciones vulnerables y poniendo en tela de juicio la capacidad de respuesta del modelo vigente ante situaciones inesperadas.
En el caso específico de la llamada Semana de Receso, las posiciones divergen: mientras expertos, según recoge El Espectador, cuestionan su eficacia real en términos de descanso, las asociaciones de padres rescatan su función de reforzar la convivencia familiar, pese a reconocer que este beneficio no es accesible para toda la población.
Así, el debate trasciende la simple distribución de días lectivos: interroga el tipo de educación que se busca para el futuro. Establecer el balance adecuado entre normalización y flexibilidad, responder a necesidades locales y globales, y considerar tanto el desarrollo académico como el socioemocional, constituye un reto permanente para el sistema educativo colombiano, que requiere de diagnósticos profundos y la consulta de fuentes académicas y oficiales antes de adoptar cualquier reforma.
Finalmente, la discusión sobre los calendarios escolares revela las prioridades y dilemas de una educación nacional que busca adaptarse sin perder de vista las necesidades y equidades fundamentales de sus comunidades.
¿Por qué existen dos calendarios oficiales en Colombia? Esta pregunta resulta central tras examinar cómo la coexistencia de los calendarios A y B responde tanto a la necesidad de alineación con calendarios internacionales —requisito para cierta movilidad estudiantil y equivalencia de títulos— como a la preservación de una tradición nacional. Sin embargo, mantener ambos modelos plantea retos de articulación en políticas públicas y en el acceso a oportunidades iguales para todos los estudiantes en el país.
El tema también despierta inquietudes sobre la integración territorial, la demanda de recursos y la posibilidad de unificar criterios nacionales para responder mejor a crisis futuras, según evidencian reportes oficiales y análisis recogidos en medios como El Espectador.
¿Qué efectos tuvo la pandemia de COVID-19 en los calendarios escolares? La emergencia sanitaria obligó a repensar la estructura tradicional y la resiliencia del sistema educativo colombiano. La suspensión prolongada de clases presenciales prolongó desigualdades en el aprendizaje y reveló la inflexibilidad del calendario, afectando especialmente a los sectores más vulnerables, tal como se relata en el informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Entender el impacto de la pandemia sobre los calendarios permite reflexionar sobre la necesidad de desarrollar mecanismos más dinámicos y adaptativos, que garanticen la continuidad educativa en condiciones adversas y respondan a los retos detectados por estudios académicos y fuentes estatales.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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