El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
La comunidad campesina de Sumapaz, ubicada en la zona rural más extensa de Bogotá, se encuentra en movilización y asamblea permanente. El propósito de esta acción colectiva es reclamar respuestas inmediatas ante problemáticas estructurales que han deteriorado su calidad de vida por décadas. De acuerdo con testimonios de líderes locales, existe una “deuda histórica” por parte del Distrito y el Gobierno nacional hacia la población rural, deuda que se traduce en una serie de brechas profundas relacionadas con infraestructura, servicios públicos y reconocimiento social, según reportes de las organizaciones campesinas.
El eje central de la protesta está relacionado con el deterioro de la Troncal Bolivariana, carretera fundamental que conecta a Usme con veredas como San José, Santa Rosa y San Juan. Más de 20 kilómetros de esta vía permanecen sin pavimentar, lo cual ha limitado el acceso a servicios básicos y restringido el desarrollo social y económico de aproximadamente nueve mil habitantes, de acuerdo con organizaciones locales de campesinos. El mal estado de la carretera ha significado mayores costes en el transporte de productos y ha dificultado el acceso regular a los centros de salud y educación, comprometiendo así el bienestar de los pobladores, según fue documentado por medios nacionales.
Adicionalmente, la comunidad denuncia la precariedad en la oferta de servicios esenciales. Los centros de salud carecen de personal y recursos suficientes, mientras que el sistema educativo rural se muestra deficiente y no refuerza la identidad campesina. Esta situación ha provocado que muchos jóvenes emigren hacia la ciudad, erosionando el sentido de pertenencia y debilitando la sostenibilidad cultural rural. Las demandas también abarcan la problemática de avalúos catastrales y el impuesto predial: los campesinos reclaman que las valoraciones actuales no consideran las particularidades del uso rural ni las limitaciones económicas que enfrentan. Esto ha generado cobros impositivos desproporcionados, aumentando el riesgo para la producción campesina y la conservación del territorio (El Espectador, informes de ONG, 2024).
El reconocimiento de Sumapaz como víctima del conflicto armado en 2019, reseñado por El Espectador y la Unidad para las Víctimas, marcó el inicio de un proceso de reparación. Sin embargo, estos avances apenas han rozado soluciones de fondo. Los habitantes siguen enfrentando altos niveles de desplazamiento forzado y múltiples riesgos sociales. A nivel regional, investigaciones del Banco Mundial sobre áreas rurales periurbanas en Latinoamérica confirman que la falta de inversión y atención institucional causa rezago socioeconómico y amplía las desigualdades frente a los centros urbanos.
Expertos consultados, como la antropóloga María Camila Restrepo de la Universidad Nacional de Colombia, insisten en que el reconocimiento real de la identidad campesina requiere políticas públicas transformadoras, capaces de fortalecer saberes ancestrales y promover la participación efectiva en decisiones territoriales. Entre los reclamos de la comunidad, destacan la pavimentación de vías, mejor dotación para escuelas y centros de salud, revisión catastral y programas productivos y ambientales acordes al legado campesino.
La movilización actual podría abrir un debate urgente sobre el modelo de ruralidad en Bogotá, históricamente invisibilizado, según informes recientes de ONG. Los desafíos de Sumapaz ejemplifican el reto nacional e internacional de garantizar derechos y bienestar en territorios rurales, como recoge la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en su informe de 2023. Atender estas exigencias es un paso necesario hacia una Bogotá más justa, integral y diversa.
¿Por qué la Troncal Bolivariana es tan importante para los habitantes de Sumapaz?
La Troncal Bolivariana ha adquirido un carácter estratégico al ser la principal vía de acceso para miles de personas en Sumapaz. Su deterioro limita el transporte eficiente de productos agrícolas y dificulta el traslado de la comunidad tanto a centros de salud como a instituciones educativas. Este obstáculo estructural impacta la economía familiar y restringe las oportunidades de desarrollo local, profundizando la distancia entre la ruralidad y los servicios urbanos.
Según informes de El Espectador y las organizaciones campesinas consultadas, mantener y mejorar esta vía no solo es una demanda de infraestructura; representa una condición básica para asegurar el bienestar y la permanencia de la población campesina. La solución a esta problemática es central para enfrentar la migración y el rezago social que afecta a la zona.
¿Qué implica el ajuste de los avalúos catastrales para los campesinos?
Los avalúos catastrales determinan el valor fiscal de las propiedades rurales y, por ende, el monto a pagar en impuestos prediales. Cuando este mecanismo no reconoce las particularidades del uso tradicional del suelo rural ni los ingresos limitados de las familias campesinas, origina cobros desproporcionados. Esta situación puede llevar al endeudamiento o incluso al abandono de tierras, poniendo en riesgo la producción agrícola y la seguridad alimentaria local.
La revisión de estos avalúos, como reclaman los habitantes de Sumapaz, sería un paso fundamental para garantizar justicia tributaria y facilitar el desarrollo sostenible de la región. Adaptar la política catastral a las realidades rurales ayudaría a proteger la identidad y la economía campesina en contextos como el de Bogotá.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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