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La formulación de una nueva política pública en torno a las sustancias psicoactivas en Bogotá constituye un avance relevante en la gestión integral de los retos vinculados tanto al consumo como a la oferta de este tipo de sustancias en entornos urbanos. Bajo el liderazgo de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), este proyecto busca implementar un abordaje enfocado en la salud pública, la protección de los derechos humanos y la promoción de la participación ciudadana. Diversas entidades distritales, como la Secretaría de Seguridad, Integración Social, Gobierno y Educación, participan activamente en la iniciativa, que actualmente se encuentra en la etapa de consulta ciudadana, un momento clave que posibilita identificar y entender las realidades y necesidades específicas de los distintos territorios de la ciudad.
El proceso se caracteriza por su amplia participación social y multisectorialidad. No solo se limita a la deliberación administrativa, sino que en el último mes se han efectuado mesas de trabajo y entrevistas con expertos, académicos, ONG, colectivos sociales, mesas cannábicas, operadores de centros de tratamiento y actores del sector privado. En el primer Encuentro Ciudadano llevado a cabo en la localidad de Kennedy, participaron desde adultos hasta niños, quienes aportaron sus perspectivas sobre la oferta y demanda de sustancias en su entorno, evidenciando el interés por sumar contribuciones vinculadas a experiencias directas y territoriales. Este enfoque en la corresponsabilidad y el respeto de derechos sitúa a la ciudadanía, especialmente a los grupos vulnerables, en el centro del diseño de la política.
La iniciativa se inscribe en la tendencia global de la política de sustancias psicoactivas, que ha transitado hacia modelos centrados en la salud y la reducción de daños en vez de la criminalización. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) brinda asistencia técnica al proceso, respaldando estrategias que privilegian la prevención, el tratamiento y el fortalecimiento comunitario. Estas prácticas, reconocidas como más respetuosas de los derechos humanos que los caminos punitivos, han permitido en América Latina una mayor sostenibilidad de las políticas, especialmente cuando existe coordinación institucional e inclusión de la sociedad civil, según informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2023).
La apertura hacia la participación de actores locales, en especial mesas cannábicas, refleja una apuesta por reconocer la pluralidad de posturas y experiencias en relación con la regulación y el consumo. Un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia destaca que la valoración directa de usuarios, comunidades y expertos posibilita el diseño de intervenciones más pertinentes en términos culturales y clínicos, adecuando las respuestas a las realidades locales.
En el ámbito de la seguridad urbana, la política integra tanto la prevención de la violencia y la estigmatización social como la garantía de acceso a servicios de salud. El trabajo coordinado con la Secretaría Distrital de Seguridad apunta a superar modelos de represión que generan desconfianza comunitaria y obstaculizan la atención integral. El Observatorio Latinoamericano de Drogas subraya que las intervenciones exitosas son aquellas que combinan educación, sensibilización y acceso a tratamientos como ejes centrales para disminuir riesgos y daños asociados.
La invitación a la ciudadanía a participar en espacios presenciales y virtuales refuerza el carácter dinámico del proceso, permitiendo que la política evolucione de acuerdo con los cambios sociales y legales. Se trata, en definitiva, de construir colectivamente un marco de acción que no solo atienda el problema, sino que también fortalezca la legitimidad y capacidad de respuesta del Estado.
En síntesis, este proyecto de política pública redefine los modelos institucionales en torno a las sustancias psicoactivas, consolidando un ejemplo participativo y centrado en los derechos humanos que puede ser referente para otras ciudades y países. Respaldada por organismos internacionales y expertos locales, la propuesta apunta a una gestión integral de la salud, la prevención y la justicia, en un contexto urbano dinámico y diverso.
¿Qué es la reducción de daños en el contexto de sustancias psicoactivas? La reducción de daños es una estrategia que busca minimizar las consecuencias negativas del consumo de sustancias psicoactivas sin centrarse en la abstinencia completa. Esta aproximación prioriza la atención en salud, la prevención de riesgos y el acceso a servicios, procurando disminuir la morbilidad y la mortalidad asociadas, así como el estigma social. En Bogotá, la política pública incorpora este modelo siguiendo lineamientos internacionales, presentando una alternativa a la criminalización tradicional y permitiendo la construcción de respuestas más humanizadas y efectivas en el contexto local.
Este enfoque ha sido respaldado por organismos como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que recomienda su aplicación en ciudades con problemáticas complejas de consumo. Su relevancia radica en que otorga prioridad al bienestar y a la inclusión, promueve la confianza comunitaria frente a los servicios de salud pública y permite adaptar la intervención a distintas realidades, elemento esencial para el éxito de la nueva política en Bogotá.
¿Por qué es importante la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas sobre sustancias? La participación ciudadana asegura que las políticas respondan realmente a las necesidades, preocupaciones y contextos de las comunidades afectadas. Cuando colectivos sociales, expertos, usuarios y otras voces locales intervienen en el diseño de la política, se incrementa la legitimidad, eficacia y pertinencia de las medidas adoptadas. Así, se evita la imposición de soluciones homogéneas y se favorece una construcción colectiva, clave para la sostenibilidad y aceptación de la política.
En Bogotá, la apertura de procesos de consulta y encuentros ciudadanos permite recoger experiencias directas e identificar desafíos puntuales por territorio. La inclusión activa de la ciudadanía fortalece el enfoque de derechos humanos y facilita la innovación en las intervenciones, alineándose con las mejores prácticas observadas por los organismos internacionales y mejorando el acceso a los servicios para todas las personas, especialmente las más vulnerables.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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