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La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) anunció la convocatoria a una Audiencia Pública Ambiental para analizar el proyecto “Accesos Norte Fase II, Unidades Funcionales 1 a 5”. Esta iniciativa, encabezada por la Concesionaria Ruta Bogotá Norte S. A. S., forma parte esencial del proceso para la obtención de la licencia ambiental requerida para su ejecución. La convocatoria, según informó El Espectador, responde a una solicitud respaldada por más de cien ciudadanos y cuatro organizaciones sin ánimo de lucro, reafirmando la importancia del control social y la participación activa en proyectos de gran envergadura para la capital.
El proyecto se desarrolla sobre la Autopista Norte, en el tramo comprendido entre las calles 191 y 245, afectando principalmente las localidades de Usaquén y Suba. Esta intervención contempla la ampliación, mejoramiento y mantenimiento de ambas calzadas a lo largo de cerca de 5,8 kilómetros por sentido. Entre las principales características se encuentran la ampliación del corredor vial (de seis a 12 carriles), la construcción de un carril exclusivo para el sistema de transporte masivo Transmilenio, la implementación de andenes, ciclorrutas, puentes peatonales y retornos a desnivel, así como un segundo tramo de la carrera séptima y la modernización de la perimetral de Sopó. Según información del DANE y la propia ANLA recopilada por El Espectador, se prometen reducciones notables en el tiempo de viaje (de hasta 45 minutos), la generación de 35.800 empleos y la siembra de 100.000 árboles.
La audiencia pública, cuya organización se rige por lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, tendrá dos etapas: una reunión informativa convocada para el 8 de noviembre, y la audiencia formal programada para el 29 del mismo mes, ambas en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Mientras la reunión informativa será abierta, la audiencia requiere registro previo a través de varios canales de contacto, incluyendo una página web, líneas telefónicas y oficinas de instituciones locales, ofreciendo así diversas opciones para quienes deseen participar.
Estos espacios buscan garantizar transparencia y, sobre todo, facultar a la comunidad para conocer los detalles, resolver inquietudes y aportar observaciones que serán evaluadas por la autoridad ambiental. La transmisión en vivo por las plataformas digitales de la ANLA añade un elemento de acceso democrático, ampliando las posibilidades de intervención ciudadana en decisiones que comprometen el entorno y el desarrollo urbano.
No obstante los avances administrativos, el proyecto persiste en un estancamiento desde su adjudicación en 2021. Una de las razones principales, de acuerdo con la información de El Espectador, radica en la insuficiencia de los estudios ambientales presentados en el primer trámite ante la ANLA, lo que llevó al archivo de su solicitud. El punto más controversial no es el monto de inversión, sino el enfoque en la ingeniería: el concesionario propuso instalar siete sifones de concreto armado (box culverts) para conectar los humedales del área de influencia, incrementando significativamente la capacidad de conducción de agua en comparación con el diseño inicial.
Ambos sectores técnicos y ambientales mantienen posturas encontradas. Mientras la concesionaria argumenta que estas estructuras permitirían suficiente conectividad entre humedales, conservando la funcionalidad hidráulica y facilitando el paso de fauna, organizaciones ambientales como La Baronesa y la Fundación Natura Territorio y Paz opinan que la obra está sobredimensionada y que la tecnología propuesta es rígida y riesgosa para los ecosistemas, especialmente el del río Torca y humedales protegidos bajo la convención Ramsar. Los detractores sostienen que la solución planteada podría llevar a la desaparición de los humedales por sedimentación y afectación severa de flora y fauna.
La situación se complica porque un eventual nuevo archivo de la licencia ambiental podría llevar a la concesionaria a desistir definitivamente, como advirtieron fuentes cercanas. Incluso, existe la posibilidad de una demanda al Estado, dado el conflicto entre lo adjudicado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el permiso negado por la ANLA, lo que podría traducirse en un litigio de trascendencia nacional que afectaría tanto al desarrollo urbano como a la protección ambiental.
¿En qué consiste la figura de “audiencia pública ambiental” y por qué es fundamental en proyectos viales?
La figura de audiencia pública ambiental es un mecanismo legal regulado por la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015. Su objetivo es habilitar la participación ciudadana dentro de los procesos de licenciamiento ambiental de proyectos que puedan tener algún impacto relevante en el territorio. En estos espacios, tanto ciudadanos como organizaciones pueden expresar sus puntos de vista, hacer preguntas y plantear propuestas directamente ante la autoridad ambiental competente.
La importancia de este mecanismo en proyectos viales como el de los Accesos Norte radica en su capacidad de transparentar la toma de decisiones públicas y dar voz formal a quienes serán directa o indirectamente afectados. Así, la integración de estas recomendaciones ciudadanas puede incidir de manera significativa en el futuro del proyecto, reafirmando el control social sobre obras que influyen en temas ambientales, urbanísticos y de calidad de vida en la ciudad.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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