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La noche del 25 de marzo se registró un accidente de tránsito en las inmediaciones de la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida, hecho que movilizó la intervención de la Administración distrital de Bogotá a través de sus equipos institucionales. Según información oficial difundida por la propia administración, en el incidente estuvieron involucrados un motociclista y miembros de la comunidad indígena Emberá Katío, quienes permanecen asentados en esta UPI. La gravedad de la situación se intensificó debido a la reacción inmediata de la comunidad, que decidió retener al conductor del vehículo durante varias horas y posteriormente exigió un pago económico para permitirle abandonar el lugar, a lo que se sumó la retención de la motocicleta.
Los equipos distritales, encargados de mediar permanentemente en el predio, buscaron una resolución pacífica que salvaguardara la seguridad tanto de la persona retenida como de los demás integrantes de la comunidad. Ante la complejidad del hecho, hicieron presencia adicional la Policía del municipio de Funza, así como representantes de la alcaldía local y la Defensoría del Pueblo, quienes intervinieron para facilitar el diálogo entre las partes. La situación generó especial preocupación, ya que los hechos pusieron en riesgo a diferentes actores, incluyendo a niños y niñas Emberá, quienes constituyen aproximadamente la mitad de la población de este asentamiento, según las declaraciones de la administración encabezada por el alcalde Carlos Fernando Galán.
Aunque los esfuerzos de negociación permitieron la liberación del motociclista, la comunidad Emberá Katío impidió el ingreso de equipos distritales al interior del predio desde la tarde del miércoles posterior al incidente. Ante esto, el Distrito anunció que interpondrá las denuncias pertinentes, argumentando que tales acciones vulneran los derechos y deberes establecidos en la UPI La Florida. La administración distrital subrayó la importancia de preservar la legalidad y la convivencia respetuosa en este espacio, recordando que se trata de un predio bajo la jurisdicción ordinaria de Bogotá y no bajo normatividad indígena, dado que pertenece al Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON).
Es esencial recordar que la UPI La Florida era originalmente una unidad de protección destinada a la atención de niñas, niños y jóvenes, infraestructura que, desde el año 2021, alberga a la comunidad Emberá Katío debido al establecimiento espontáneo de su asentamiento en este lugar.
El Distrito reiteró su solicitud al Gobierno Nacional para que avance en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de los procesos de retorno de la población Emberá, enfatizando la urgencia de dar trámite oportuno a las solicitudes relacionadas con su permanencia y eventual solución de su situación.
¿Por qué la jurisdicción ordinaria se aplica en la UPI La Florida y no la indígena?
La pregunta sobre la jurisdicción aplicable en la UPI La Florida surge debido a la presencia constante de la comunidad indígena Emberá Katío y a los recientes hechos ocurridos en este espacio. Según la información suministrada por la Administración distrital de Bogotá, la UPI La Florida pertenece al Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), lo que determina que el predio está sujeto a la normativa y autoridad del Distrito, es decir, a la llamada jurisdicción ordinaria.
Esto implica que los acontecimientos, conflictos o irregularidades dentro de este predio se deben tramitar bajo las leyes y procedimientos legales de Bogotá y no mediante la jurisdicción indígena. El Distrito enfatiza la necesidad de que la convivencia y las acciones en la UPI La Florida se mantengan dentro del marco legal correspondiente a la ciudad, lo cual busca proteger los derechos tanto de la comunidad Emberá como de los demás actores que interactúan en este espacio.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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