En los últimos seis meses, muchos reporteros que alternan sus labores con el activismo social han sido víctimas de intimidaciones, afirmó la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
Mientras que para julio de 2017 la FLIP había documentado 65 casos de amenazas, en lo corrido de 2018 se han reportado 89. Estas cifras acentúan una tendencia en aumento pues en el 2015 se documentaron 59 casos de amenazas, en 2016 la cifra ascendió a 90 y en 2017 llegó a 129.
Esto sucede en paralelo al aumento en el número de asesinatos a líderes sociales en el país. En lo corrido del año han sido asesinados más de 100 personas en sus territorios. Varios de esos homicidios han sido crímenes contra la libertad de expresión.
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La FLIP informó que ya entregó los reportes de las amenazas a la UNP pero aseguró que “en muchas ocasiones la entidad no ha sido lo suficientemente diligente para atender el riesgo al que están expuestos los reporteros”.
Paralelo al aumento de las amenazas, la FLIP ha registrado con preocupación el desmonte de esquemas de protección de periodistas que se encuentran amenazados y los trámites de casos en la UNP no se están haciendo acordes al nivel de urgencia de la situación.
Por ejemplo, el caso de Ricardo Ruidíaz, periodista que ha denunciado la trata de menores por parte de estructuras al margen de la ley y de visibilizar las amenazas y los asesinatos en contra de líderes sociales en la región del Magdalena Medio, y que ha reportado 10 intimidaciones en el último año. Pese a esto, “el pasado 18 de junio la UNP decidió disminuir su esquema de protección, hecho que vulnera considerablemente las condiciones de seguridad del reportero”, reportó la FLIP.
También está Catalina Vásquez, que defiende los derechos humanos en la Comuna 13 de Medellín, a quien no se le ha puesto protección a pesar de que han asesinado a fuentes cercanas a ella en este sector.
De igual forma, Jhanuaria Gómez tuvo que desplazarse del municipio de Segovia, Antioquia, por amenazas debido a sus investigaciones sobre acciones irregulares alrededor de la actividad minera y hace pedagogía con las comunidades sobre las consecuencias que tiene para el ambiente.
Otro caso preocupante es el de la periodista Laura Montoya, que denunció amenazas por promover una manifestación en Mocoa, Putumayo, para rechazar el asesinato de líderes sociales.
Es importante resaltar, adicionalmente, que en estos tres últimos casos hubo agravantes por razones de género y están sin protección, y por eso la FLIP solicitó al Gobierno Nacional redoblar sus esfuerzos con el fin de brindar medidas efectivas para salvaguardar la vida e integridad de quienes ejercen la labor periodística.
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