No importa el gobierno que esté de turno, tampoco la ideología dominante. Lo cierto es que Colombia ofrece con demasiada frecuencia motivos para estar en boca de todo el mundo (literalmente), ya no solo por ser el primer productor de coca del planeta, sino también por la reiteración de casos de corrupción en diferentes modalidades.

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Así, al país, como entidad política inmersa en el concierto internacional, se le deteriora severamente su imagen, con grandes repercusiones para los colombianos de a pie, ajenos en la mayoría de los casos a los actos delictivos, porque son los que finalmente cargan con el estigma adonde quiera que vayan.

Por estos días, a Colombia le pican, le producen escozor, dos escándalos de serias magnitudes. En primer lugar, las afirmaciones del exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti según las cuales a la campaña presidencial de Gustavo Petro habrían entrado dineros ilegales, principalmente en la Costa Caribe.

Benedetti, que salió del país asegurando que regresará el próximo martes, deberá responder ante las autoridades, lo mismo que la ex jefe de gabinete Laura Sarabia, por sus graves afirmaciones, a las cuales él ha querido bajarles el tono asegurando que lo que dijo fue bajo los efectos del licor.

¿Y qué dijo? Que a la campaña de Petro para llegar a la presidencia entraron en la Costa 15.000 millones de pesos de dudosa procedencia, una manifestación en la que involucró después a Nicolás Petro, hijo del presidente investigado por presuntamente haber recibido dinero de un excontrabandista y de un narcotraficante.

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El ingenio popular muy pronto, como siempre ocurre en estos casos, le puso nombre a este escándalo: el ‘15.000’, pues lo compara con el que sacudió al expresidente Ernesto Samper (1994-1998), que quedó marcado para la historia con el rótulo del 8.000 por haber recibido entre seis y siete millones de dólares de la época por parte del narcotraficante Cartel de Cali.

El escándalo de Samper se llama simplemente ‘el 8.000’ porque ese era el número de un expediente encontrado en la Fiscalía de Cali sobre un allanamiento a la oficina de Guillermo Pallomari, contador de nacionalidad chilena vinculado a la organización criminal de los Rodríguez Orejuela. Ese expediente estaba inactivo pese a que tenía datos que indicaban la posibilidad de que varias campañas políticas al Congreso habrían recibido aportes ilegales.

Semejante afirmación de Benedetti provocó un terremoto político en el país y estremeció hasta la médula el Gobierno de Petro, cuya gobernabilidad se ve afectada. La respuesta del presidente fue sacar a la calle a los empleados oficiales y a estudiantes del Sena, entre otros, porque asegura que todo es producto de un golpe de Estado “blando”. Pero se lo estarían dando desde sus propias filas, porque Benedetti y Sarabia fueron dos de sus alfiles más entrañables.

Escándalo en que se menciona a Marta Lucía Ramírez

El otro escándalo que involucra el nombre de Colombia es el que estalló en Italia y en el que se menciona a la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez en una irregular negociación de equipo militar con ese país. Las autoridades incautaron en la casa del ex primer ministro Massimo D’Alema celulares y computadores en los que aparecen conversaciones y hasta fotos de personas cercanas a él visitando a Colombia y que hablaban de ese negocio.

Hace unos meses fueron reveladas grabaciones en las que el ex primer ministro italiano habla con Édgar Fierro Flores, conocido exparamilitar con el alias de ‘don Antonio’, lugarteniente de alias ‘Jorge 40’, que decía conversar a nombre del Gobierno de Colombia.

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Pero en la investigación, además del nombre de Fierro Flores, entre otros, se menciona el de la excanciller y exvicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez. A este caso, de nuevo, el ingenio popular le puso nombre y apeló a sumarle al nombre del país (Colombia) el sufijo ‘gate’ (‘Colombiagate’), que se usa con frecuencia para calificar actividades ilegales, en alusión al escándalo Watergate, que terminó con la salida del presidente Richard Nixon del poder en Estados Unidos por estar involucrado en escuchas al Partido Demócrata.

Pero más allá de la comezón que producen entre los colombianos los dos escándalos, y de la creatividad a la que apelan para para ponerles nombre, la seriedad y dimensión de los señalamientos deben ser establecidas por las autoridades.