De acuerdo con Noticias Caracol, los abogados de los expatrulleros acusados de asesinar a Javier Ordóñez apoyaron la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía; sin embargo, están pidiendo que sea domiciliaria o en una cárcel dedicada exclusivamente a miembros de la Fuerza Pública.  

El ente acusador argumentó su solicitud ante el juez considerando que los sujetos podrían ser una amenaza para los testigos del caso; además, destacó que los implicados representan riesgos tales como obstrucción a la justicia, peligro para la comunidad y la no comparecencia a las diligencias judiciales.

“La medida de reclusión resulta ser la adecuada para evitar que ese riesgo se materialice”, manifestó el representante de la Fiscalía en la audiencia de medida de aseguramiento.

El abogado de Harvy Rodríguez, quien se habría intentado suicidar en una celda de la Fiscalía, pidió casa por cárcel para el sujeto argumentando que no es un peligro para la ciudadanía, tiene arraigo y vivienda con su familia, además de la convicción de que se va a presentar a las audiencias.

“Que se analice y se pondere esa posibilidad de dar una detención preventiva en la residencia del imputado”, dijo el abogado de Rodríguez, mientras que el apoderado de Juan Camilo Lloreda, afirmó que su defendido siempre ha estado dispuesto a presentarse cuando el despacho judicial lo requiere, y tampoco se opuso a la medida de aseguramiento, agregó el noticiero.

El testimonio de la familia de la víctima

El testimonio de Luis Alejandro Ordóñez, hermano del estudiante de derecho que fue asesinado el pasado 9 de septiembre, dio cuenta, según el noticiero, de la sevicia con la que habrían actuado los ex patrulleros. “Vi a mi hermano con una mecánica respiratoria, sufriendo por respirar. Lo más humano que hubieran podido hacer es llamar a una ambulancia o llevarlo a la clínica inmediatamente. Sean humanos, no sean monstruos”, sentenció.

Ordóñez indicó, de acuerdo con el medio, que a su hermano no le prestaron la debida atención médica a pesar de que se estaba muriendo por la dificultad respiratoria que estaba enfrentando producida por el choque hemorrágico “de los casi cuatro litros de sangre que había perdido por el estallido de su riñón”.

El representante del ministerio público y el abogado de las víctimas apoyaron la solicitud de la Fiscalía de imponer medida de aseguramiento en centro carcelario.