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Un estudio reciente realizado por la Contraloría General de la República ha puesto de manifiesto la preocupante situación del suministro de agua en Colombia.
Según los hallazgos presentados durante el Foro «Agua Motor de Desarrollo», liderado por la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, un alarmante 11% de los hogares colombianos carece de acceso al servicio de agua potable.
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El informe revela que este déficit es especialmente agudo en áreas rurales y dispersas, donde el 41.4% de los hogares se ven afectados por la falta de acceso al agua. Además, se identificaron 450 municipios, lo que equivale al 40.8% del total, con niveles de riesgo en la calidad del agua potable.
Esta situación evidencia una necesidad urgente de mejorar la infraestructura y los sistemas de tratamiento de agua en diversas regiones del país.
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En cuanto a la continuidad del servicio, el estudio señala que en 10 de los 32 departamentos de Colombia, el suministro de agua no alcanzó a cubrir las 20 horas diarias durante el período de análisis (2018-2022).
Esta deficiencia en la prestación del servicio afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos y obstaculiza el desarrollo socioeconómico de las comunidades afectadas.
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El vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, destacó que a pesar de la riqueza hídrica del país, el cambio climático, el crecimiento poblacional y la contaminación de fuentes de agua han contribuido al desabastecimiento en múltiples municipios colombianos.
Durante los últimos 22 años, aproximadamente la mitad de los municipios del país han experimentado problemas de desabastecimiento de agua, afectando a más del 25% de la población, principalmente en áreas rurales.
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La Contraloría ha desempeñado un papel crucial en la vigilancia y el control del sector de agua potable, generando más de 160 alertas relacionadas con el mismo, así como realizando seguimientos a proyectos de inversión.
Sin embargo, el informe también destaca la necesidad de mejorar la asignación de recursos, priorizando aquellos departamentos y municipios con mayores déficits en el acceso y calidad del agua.
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En el marco del Foro «Agua Motor de Desarrollo», se discutieron propuestas para abordar estos desafíos, incluida la necesidad de reformar la Ley 142 de servicios públicos para garantizar un acceso equitativo al agua potable. Los participantes resaltaron la importancia de fortalecer el rol institucional en la gestión del agua y de buscar puntos de acuerdo entre el sector público y privado para mejorar la regulación y la prestación del servicio.
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En última instancia, queda claro que la crisis del agua en Colombia requiere acciones urgentes y coordinadas por parte de todos los actores involucrados, desde el gobierno hasta las empresas prestadoras de servicios y la sociedad civil. Garantizar el acceso universal al agua potable no solo es una cuestión de desarrollo económico, sino también un imperativo para proteger el derecho fundamental a un recurso vital para la vida humana.
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