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Ellos argumentan que podría desvirtuar la regulación existente e incluso llevar a una estatización del sector. Este proyecto busca modificar la Ley 142 de 1994 con el objetivo de beneficiar a los usuarios con tarifas justas y garantizar el acceso de todos los colombianos a servicios vitales como agua potable, luz eléctrica y alcantarillado.
En virtud de esta reforma, la regulación de los servicios públicos estaría bajo la supervisión directa del presidente Petro, quien tendría la facultad de ejercer dicha función o delegarla en las comisiones reguladoras, conforme al artículo 211 de la Constitución Política. Sin embargo, el borrador del proyecto ha generado preocupaciones entre los expertos del sector.
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Entre los aspectos cuestionados por expertos como Sánchez, se destacan varios puntos críticos. Primero, la ausencia de principios rectores esenciales para el desarrollo y mejora de la cobertura y calidad de los servicios. Segundo, la posibilidad de que decisiones técnicas de las comisiones reguladoras sean reemplazadas por consideraciones políticas. Tercero, la concesión de facultades exorbitantes al Superintendente de Servicios Públicos, incluyendo funciones jurisdiccionales y sanciones draconianas, sin criterios claros de dosimetría.
Además, se plantea la inclusión de mínimos vitales en todos los servicios sin precisar nuevas fuentes de financiación, así como la indebida regulación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que ya cuentan con normativas específicas. Los Ministerios, por su parte, tendrán un rol en la promoción de nuevas tecnologías bajo la dirección del presidente, mientras que la Superintendencia estará encargada de vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes aplicables a los proveedores de servicios públicos.
Ante estas preocupaciones, líderes del gremio de servicios públicos como Camilo Sánchez Ortega señalan que el proyecto refleja una intervención estatal que privilegia lo público, lo cual perjudicaría el modelo actual que se ha beneficiado de la participación equitativa de empresas públicas, privadas y mixtas. En conclusión, Andesco y otros expertos temen que esta reforma desconfíe de la estructura regulatoria actual del país y busque abolirla.
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