Doce hombres fuertemente armados secuestraron e interrogaron a tres fiscales de Antioquia, denunció el fiscal general Francisco Barbosa. Los hechos ocurrieron en Valdivia (Antioquia), cuando los funcionarios se movilizaban en un vehículo particular en la vía que conduce de Cáceres a Medellín.

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A partir de las declaraciones que dieron las víctimas tras ser liberadas, se determinó que estuvieron bajo la custodia ilegal de José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias Gonzalito, máximo jefe del ‘Clan del Golfo‘ en la zona.

El fiscal general explicó que Gonzalito “hace parte de las 16 personas que tienen orden de captura que pidió el Gobierno fueran levantadas. A esta petición no accedió la Fiscalía porque no existe marco constitucional para hacerlo”. Barbosa se refiere al proceso de paz total, en el que el Gobierno de Gustavo Petro pretende incluir al grupo narcoparamilitar ‘Clan del Golfo’ y, tras decretar un cese al fuego bilateral con ellos en diciembre, pidió que se levantaran las medidas judiciales contra sus máximos jefes.

Tras este nuevo hecho criminal, la Fiscalía enfiló baterías y logró que un juez de garantías expidiera una nueva orden de captura por el delito de secuestro agravado contra Gonzalito. “Desde el momento que se conocieron los hechos se destacó un equipo de fiscales e investigadores quienes recolectaron evidencia técnica que permitió establecer la presencia del ‘Clan del Golfo’ en la zona”, dijo el fiscal Barbosa en una rueda de prensa, desde el búnker de Bogotá, en la que estuvo acompañado por la cúpula del ente investigador.

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Los fiscales secuestrados trabajaban en la Dirección Seccional de Antioquia de la Fiscalía y fueron secuestrados junto a una cuarta funcionaria judicial: la trabajadora de un juzgado de Tarazá, también en el Bajo Cauca antioqueño. Según el ente investigador, en ese municipio, que hace parte de los 170 priorizados en los Programas de Desarrollo Con Enfoque Territorial (PDET) del Acuerdo de Paz, “se ha fortalecido la acción de la Fiscalía en su tarea de llevar justicia a los ciudadanos, a través de acciones de cooperación internacional”.

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Sin embargo, añadió Barbosa, “ante esta preocupante situación que afecta la seguridad de los funcionarios de la Fiscalía en Tarazá, he decidido que temporalmente se cerrará la sede de la Fiscalía en ese municipio y se trasladará la atención a Medellín, ya que no se cuenta con las garantías para administrar justicia en ese municipio”.

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