“Tío, ¿buen año o mal año?”. Esa era la pregunta que cada medianoche del 31 de diciembre Ángela le hacía a su tío, el comerciante Reynaldo Cordón Herrera. Y él, el bromista de la familia, le pedía que le augurara un buen año, como convenciéndola de que ese sería el amuleto de su éxito. Pero esa costumbre de tío y sobrina llegó a su fin pocos días después de recibir el año 2003, el 22 de enero, cuando la extinta guerrilla de las Farc lo secuestró en medio de un viaje de Neiva al sur del Meta, donde distribuía granos y abarrotes.

Dos días antes, en esa misma zona el otrora grupo armado había retenido al cuñado de Reynaldo, el también comerciante José Arbelay Losada, junto con tres de sus conductores: Edward Ipuz, Camilo Casas y Jesús López.

(Lea también: Capturaron a presuntos secuestradores de bebé de 18 meses; criminales pedían $100 millones)

Las familias apenas estaban asimilando el impacto de esos hechos cuando, un mes después, Guillermo Cordón Herrera, hermano de Reynaldo y padre de Ángela, se desplazó hasta esa región para buscar a sus seres queridos y terminó siendo secuestrado.

En cautiverio, las Farc asesinaron a los tres comerciantes y los tres conductores del Huila, cuyos cuerpos aún siguen desaparecidos, pese a que existe información sobre su posible ubicación.

Este sábado 28 de enero de 2023, sus familias se citaron en la iglesia San Vicente de Paúl, en Neiva, para conmemorar los 20 años de su secuestro y exigirle al Estado que agilice las labores de búsqueda.

“Nuestra exigencia, después de dos décadas de lucha en este proceso de búsqueda es que, a través de los diálogos de paz que se están llevando a cabo con el denominado Estado Mayor de las Farc, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz solicite dentro de los compromisos la apertura de un corredor humanitario para que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) pueda hacer la prospección y exhumación de los restos”, dice Ángela Cordón, quien tenía 14 años cuando secuestraron a su padre, a su tío y a sus colegas.

Como contó Colombia+20, la solicitud de ese corredor humanitario se fundamenta en que desde hace dos años la UBPD estableció el posible lugar de ubicación de sus cuerpos, en los llanos del Yarí, pero por la presencia de disidencias de las Farc ha sido imposible que se materialice su búsqueda.

Para nosotros es muy importante recuperar sus cuerpos y darles cristiana sepultura, para liberarnos de la incertidumbre, del sosiego tan fuerte, para empezar a hacer un duelo y sanar heridas

“La desaparición deja muchas huellas en una familia: preguntarse cómo se puede vivir con una ausencia tan fuerte, cómo puedes salir adelante en medio de tanto dolor. Es una huella que marca tu vida en un antes y un después. Para nosotros es muy importante recuperar sus cuerpos y darles cristiana sepultura, para liberarnos de la incertidumbre, del sosiego tan fuerte, para empezar a hacer un duelo y sanar heridas”, dice Ángela.

¿Cómo fue el secuestro de los comerciantes y conductores?

El 22 de enero de ese 2003, Reynaldo Cordón viajó desde Neiva, donde vivía, hacia La Macarena, en el sur del Meta, a entregar un cargamento de arroz, fríjoles y otros víveres para el comercio del municipio. Llevaba más de 10 años comerciando en esa región, hasta que ese día miembros del Bloque Oriental de la extinta guerrilla de las Farc lo secuestraron.

(Vea también: Liberan a los 30 militares que estaban secuestrados en el sur del Meta)

Apenas dos días antes, los guerrilleros retuvieron a José Arbelay Losada Montenegro, quien voló desde Bogotá hacia La Macarena para encontrarse con Edward Ipuz, Camilo Casas y Jesús Alberto López, los conductores con los que trabajaba y que también quedaron en manos de las Farc.

Un mes más tarde, Guillermo Cordón Herrera habría sido citado por un comandante guerrillero para recibir información sobre su hermano Reynaldo, su cuñado y los tres transportadores, pero, como ellos, nunca regresó.

Una lucha de dos décadas

En 2003, las familias instauraron una denuncia por secuestro ante la fiscalía de Florencia, Caquetá. Empezaron a investigar por cuenta propia sobre su paradero, porque ni siquiera sabían qué estructura de las Farc los había secuestrado.

Fueron al programa radial de las Voces del Secuestro, de Hervin Hoyos, y cada semana les mandaban mensajes de aliento a sus familiares en cautiverio.

Una vez liberaron a los secuestrados políticos, en medio de los canjes humanitarios, se acabó el comité y no se volvió a hablar de los secuestrados civiles

“Mi tía Consuelo empezó a hacer parte del comité humanitario del Huila, liderado por familiares de secuestrados políticos, pero una vez los liberaron a ellos, en medio de los canjes humanitarios, se acabó el comité y no se volvió a hablar de los secuestrados civiles. Nunca perdimos la esperanza de que estuvieran vivos, pero era muy duro ver la insensibilidad de un Estado que no escuchaba nuestras voces de denuncia para saber dónde estaban, qué había pasado con ellos y quiénes eran los responsables. Hicimos marchas, mesas de memoria, participamos en jornadas, siempre estuvimos ahí”, cuenta Ángela Cordón.

Luego de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, cuando se pusieron en marcha la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, las familias de los comerciantes y conductores del Huila se acreditaron como víctimas y elevaron las solicitudes para esclarecer el caso y conocer su paradero.

En agosto de 2019, un grupo de exguerrilleros de las Farc que ha tomado las banderas de la búsqueda de desaparecidos, entregó la ubicación detallada de sus cuerpos a la UBPD, en un listado que incluía a 350 personas.

En noviembre de ese año, ante la JEP, 23 exguerrilleros reconocieron su responsabilidad en 11 casos de secuestro liderados por el Bloque Oriental, incluido el de los hermanos Reinaldo y Guillermo Cordón Herrera, su cuñado José Arbelay Losada Montenegro, y los conductores Edward Ipuz, Camilo Casas y Jesús Alberto López.

El tribunal transicional incluyó el caso de los seis comerciantes y conductores del Huila en su primer auto de determinación de hechos y conductas, en el que imputó al antiguo secretariado de las Farc por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en más de 21.396 hechos de secuestro.

Lee También

Aunque las familias de Losada, Ipuz, Casas, López y los hermanos Cordón se han encontrado de frente con los responsables del rapto, asesinato y desaparición de sus seres queridos, y han recibido más aportes de verdad sobre el caso, consideran que aún no se ha hecho justicia.

Como le dijo Ángela Cordón a Colombia+20 esta semana: “Nosotros tenemos derecho a encontrarlos y es una obligación del Estado coordinar los esfuerzos para que podamos hacerlo. Como víctimas, es muy duro ver que hubo un Acuerdo de Paz, hay una hipótesis del lugar donde están sus cuerpos, y aún así tengamos que esperar años para poder recuperarlos y darles sepultura”.

LO ÚLTIMO