El senador del partido Comunes, Ómar de Jesús Restrepo Correa, le envió una carta al presidente Gustavo Petro y al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, en la que denunció graves hechos que atentan contra la seguridad y los derechos humanos en el municipio de Anorí, nordeste del departamento.
Según el senador, desde este fin de semana en el corregimiento Liberia – el Charcón, las comunidades están denunciando la instalación de un retén paramilitar de las AGC “en el que se registran atropellos contra la población campesina inerme”.
(Vea también: Exjefe paramilitar hizo petición a Piedad Córdoba, sobre los diálogos de “paz total”)
Restrepo Correa calificó como “inaceptable” que grupos armados ilegales “que han manifestado voluntad de dar pasos ciertos hacia el cese definitivo de hostilidades, sigan ejerciendo violencia sobre comunidades civiles en nuestro país”. El congresista denunció además que a pocos kilómetros de los retenes paramilitares había presencia militar.
Ya las disidencias del frente 36 denunciaron mediante comunicado este domingo que militares del Ejército se asentaron en viviendas de campesinos en las veredas El Banco, Cruces, La Aguada y Puerto Rico, lo que pondría en grave riesgo a la población ante enfrentamientos armados.
La denuncia de Restrepo Correa se suma a otras advertencias que han hecho organizaciones sociales en las últimas semanas sobre la presencia de grupos armados ilegales en varios municipios del Oriente Antioqueño, lo que coincide a su vez con una escalada de hechos violentos y asesinatos selectivos en esta subregión del departamento, que como se sabe, también ha contado con fuerte presencia militar.
Restrepo exigió al Gobierno nacional que las medidas de “cese al fuego en el marco de los esfuerzos por la construcción de la Paz Total, deben verificarse y contar con un seguimiento estricto, para garantizar la protección de la población y el goce efectivo de sus derechos. Así mismo, debe impulsarse con urgencia la implementación plena del Acuerdo Final de Paz, arrancado de fondo las causas que han alimentado a la guerra”.
Comunes solicitó a la Procuraduría y al Gobierno “indagar si ha habido omisión por parte de funcionario público alguno, y realizar un mayor esfuerzo por la protección de la vida y la integridad de las y los campesinos antioqueños. A los grupos armados en general y a las AGC en particular, les invitamos a que avancen con toda firmeza y sin ambigüedades hacia la construcción de paz, la cual constituye esperanza y garantía fundamental para sacar al país del atraso y dar lugar a los cambios estructurales por los que clama, hace años, la sociedad colombiana”.
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