El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Diego Marín Buitrago, identificado con el alias “Papá Pitufo” y conocido como el zar del contrabando, junto con su esposa, Liset Samboní, y sus tres hijos, interpuso una demanda de reparación directa contra varias entidades del Estado colombiano. Entre los demandados se encuentran la Nación, la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y los ministerios de Justicia y del Derecho y de Relaciones Exteriores. Según la denuncia, la orden de captura con fines de extradición que se emitió en su contra en 2024 habría provocado a su familia importantes afectaciones emocionales y psicológicas.
Todo comenzó el 1 de marzo de 2024, cuando el Juzgado 48 Penal con Función de Control de Garantías emitió la orden de captura con fines de extradición y una medida de aseguramiento, según la Fiscalía General de la Nación. En ese momento, Marín Buitrago se encontraba en España, lo que motivó al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Ministerio de Relaciones Exteriores a gestionar, ante Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal), una circular roja para su localización internacional.
Como resultado, Marín Buitrago fue capturado en España el 5 de abril de 2024. Más tarde recuperó la libertad y huyó a Portugal, donde volvió a ser detenido el 3 de diciembre de ese mismo año, siempre por la orden colombiana. Estuvo privado de la libertad hasta el 9 de junio de 2025, cuando recuperó provisionalmente su libertad gracias a una acción de habeas corpus —mecanismo legal diseñado para proteger la libertad personal— interpuesta por su defensa.
El abogado William Iván Mejía, en representación de Marín Buitrago, asegura que la orden de captura no cumplía con los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Penal para la extradición. Por ello, señala a la Rama Judicial de un error jurisdiccional, al emitir una medida presuntamente contraria a la ley, y denuncia una “falla en el servicio” de la Fiscalía y de los ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores, al avanzar en gestiones diplomáticas sin asegurarse del soporte legal de la orden, algo que tuvo consecuencias no solo en España sino también en Portugal, según el recurso citado.
Antes de llegar a la demanda, en diciembre de 2025 se realizó una audiencia de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación sin éxito. “Papá Pitufo” exige ahora que se reconozca la responsabilidad de las entidades estatales y una indemnización total que supera los COP 1.200 millones, incluyendo los perjuicios morales hacia su familia y la presunta vulneración del debido proceso.
Según la Fiscalía General de la Nación, Marín Buitrago destinó solo entre 2023 y 2024 más de COP 1.000 millones en sobornos a policías en Cartagena y Buenaventura, buscando así favorecer la operatividad de sus negocios ilícitos. Aunque él no niega la competencia judicial, argumenta que, en su caso, la captura fue emitida sin cumplir los procedimientos previos exigidos por la ley. El proceso penal aún continúa en Colombia, pendiente de su retorno desde Portugal.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Por qué la familia de alias “Papá Pitufo” demanda al Estado colombiano?
La familia de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, interpuso una demanda contra diversas entidades estatales al considerar que la orden de captura emitida en su contra causó daños emocionales y psicológicos, además de alegar errores jurídicos y de procedimiento en la medida de extradición, tal como lo señala el abogado William Iván Mejía, su apoderado.
¿Qué irregularidades alega la defensa de alias “Papá Pitufo” en el proceso de extradición?
La defensa de Marín Buitrago sostiene que la orden de captura internacional no cumplía con los requisitos legales establecidos en el Código de Procedimiento Penal, por lo que atribuye a la Rama Judicial un error jurisdiccional y a la Fiscalía y los ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores una falla en el servicio, al gestionar la extradición sin el soporte jurídico adecuado.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
