El secretario de Gobierno de Ibagué, Óscar Berbeo, informó que envió al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) un Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) que garantiza la apropiación de $2.000 millones para financiar las obras y adquirir los elementos que permitan el traslado de los sindicados de la Permanente a la cárcel de Picaleña.
El acuerdo entre la Alcaldía y el Inpec, que contempla inversiones por $2.000 millones en este año y otros $2.000 millones en 2023, busca solucionar la problemática de hacinamiento en la Permanente, pues, según datos de la Defensoría del Pueblo, es el sexto centro de reclusión transitorio del país con más sobrepoblación.
Con estos recursos se prevé financiar algunas intervenciones locativas que buscan ampliar la capacidad de las instalaciones del complejo carcelario y penitenciario de Picaleña, así como adquirir tanquetas y otros elementos que fortalezcan las competencias del Inpec con la llegada de 400 personas privadas de la libertad en condición de sindicados.
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“Ya le enviamos el CDP de 2022 al Inpec, que era el requisito que faltaba. Ahora esperamos que nos completen la información que pueda hacer falta para proceder con las compras que ellos nos han solicitado y, cuando estén preparados, harán la respectiva evacuación de las personas que están en condición de detenidos”, explicó el funcionario.
El destituido director general del Inpec, el mayor general Mariano Botero, dijo en febrero que hasta tanto la Alcaldía no garantizara los recursos no se podría hacer efectivo el convenio ni hacerse cargo de los sindicados, pues se necesita adecuar con anterioridad los patios de la cárcel de Picaleña.
Por otro lado, Berbeo informó que la Alcaldía está estructurando el proyecto para contratar los estudios y diseños del Centro Integrado de Justicia (Cijus), donde funcionará una nueva Permanente con capacidad para 250 detenidos, las inspecciones de policía y las comisarías de familia.
Por ser la única ciudad que ya tiene el piloto, se espera que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, cofinancie la construcción del Cijus, cuya inversión asciende a más de $16.000 millones.
Berbeo agregó que la Administración pretende alquilar un lugar donde pueda funcionar de manera transitoria el centro de traslado por protección temporal, mientras se adelanta la construcción del Cijus. Sin embargo, en los sitios consultados, han encontrado resistencia de la comunidad.
Los centros de detención transitoria están diseñados para que las personas permanezcan allí máximo 36 horas, pero en algunos casos completan hasta dos años. La situación se agrava cuando el hacinamiento es altísimo y las instalaciones, como las de la Permanente, están en condiciones precarias.
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