El concejal de oposición en Ibagué Rubén Darío Correa, del partido ADA, citó para el próximo 29 de abril a debate de control político a los funcionarios de la Alcaldía de Ibagué para que respondan, de acuerdo con sus competencias, por el fracasado Jamming Festival.
A principio de mes, Correa solicitó convocar ese debate por el descalabro del evento, pero 12 de los 19 concejales negaron la proposición argumentando que era apresurado dar esa discusión cuando las autoridades apenas estaban adelantando las investigaciones y tenían que guardar reserva de las pesquisas.
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También se sostuvo en ese momento que la responsabilidad del malogrado festival musical recae en actores privados, con la empresa Buena Vibra Eventos a la cabeza, y no se podía exponer al municipio a millonarias demandas que pusieran en el limbo su estabilidad fiscal.
Obstinado, Correa insistió en la convocatoria del debate, pero, sabiendo que no cuenta con las mayorías en la corporación, acudió a otra vía: amparado en el Estatuto de la Oposición, logró que el Concejo citara a un grupo de funcionarios para que dé claridad sobre el evento.
En concreto, la ley 1909 de 2018, por medio de la cual se adoptó el Estatuto, señala que las organizaciones políticas declaradas en oposición en los concejos podrán determinar, una vez por periodo, el orden del día de la sesión plenaria, incluyendo debates de control.
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Por eso, pese a que el concejal Arturo Castillo defendió la idea de no citar el debate, en la medida que las investigaciones están avanzando y aún no han sido resueltos derechos de petición radicados a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la convocatoria tendría que hacerse.
La iniciativa fue apoyada por los concejales Javier Mora, del partido Liberal, y Jaime Tocora, de Colombia Humana – UP, colectividades que también están declaradas en oposición al gobierno del alcalde Andrés Fabián Hurtado.
Los funcionarios citados son los secretarios de Gobierno, Desarrollo Económico y Cultura, así como el Director de Espacio Público. Además, fueron invitados los representantes de la SIC, la Fiscalía, la Procuraduría y el representante legal de Playa Hawai.
Sorpresivas cartas
Aunque en la mañana quedó programado el debate, en la tarde el concejal Lisandro Trujillo, compañero de bancada de Correa en el partido ADA, solicitó a través de una carta que no se diera trámite porque no fue consultado para la proposición ni tiene conocimiento del cuestionario de control político que sería enviado a los funcionarios.
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“Téngase en cuenta que como bien se menciona en el artículo 19 (de la ley 1909) debe existir común acuerdo para determinar el orden del día de la sesión entre los que hacemos parte de la oposición, lo cual no se está cumpliendo en el caso en mención”, se lee en el oficio firmado por Trujillo.
Al respecto, el concejal Correa indicó que su compañero de bancada, aunque pertenece al partido ADA, hace parte de las mayorías del alcalde Hurtado en el Concejo. Afirmó que se trata de una “leguleyada” para entorpecer el debate y evitar que se revele información.
“Si tuvieron que moverse de esta manera para producir un oficio del concejal Trujillo, que todos sabemos que ha votado siempre en favor de la Administración Hurtado, es porque debe existir algo gravísimo que no quieren que se conozca. Como ciudadanos tenemos el derecho de conocer qué hubo detrás del Jamming”, afirmó.
Y agregó: “Necesitamos saber quiénes son los responsables, tanto agentes privados como funcionarios públicos, de la estafa de más de $75.000 millones. Y si el Municipio está en grave riesgo económico por una demanda incalculable por errores de los funcionarios, con más veras necesitamos conocer la magnitud del riesgo”.
Remató diciendo que en la sesión de hoy del Concejo se mantendrá firme en la intención de convocar el debate y en caso de que lo tumben, acudirá a todos los mecanismos legales consagrados en la Constitución y la ley para que se respete el Estatuto de la Oposición.
“Alguien tiene miedo de que se conozca la verdad y están dispuesto a acudir a todo para que no hagamos el debate”, puntualizó.
En una reciente entrevista, Luis Alberto Casallas, padre de Alejandro Casallas, organizador del evento, afirmó que cancelaron el evento abruptamente por amenazas de muerte, negó que fueran estafadores y aseguraron que iban a hacer devoluciones.
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