El documento, resultado de una orden que impartió una magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, volvió a dejar en evidencia las permanentes discrepancias que tienen la administración de la alcaldesa Claudia López y la del presidente Iván Duque.

Se trata de la resolución 1139, que fue expedida el pasado lunes, precisamente en el comienzo de una semana marcada por la llegada de la minga indígena del suroccidente a Bogotá, el paro nacional convocado por las centrales obreras y el cese de actividades de los profesores agremiados en Fecode.

El viceministro de Gobierno Daniel Palacios recordó en Caracol Radio que se estableció una mesa de trabajo que debía expedir un protocolo exprés en un plazo de 10 días, y que el protocolo expedido es “el resultado de esas reuniones en las que participaron el Gobierno Nacional (a través del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la Presidencia de la República), la Policía Nacional, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá”.

Palacios, al explicar los procedimientos, contó que “se llegó a un acuerdo y se firmó un acta que se envía al Tribunal Administrativo de Cundinamarca como cumplimiento de la orden de la magistrada. El trino de la Alcaldía de Bogotá dice que se distancian de dos puntos de todo lo que es el protocolo, luego de haber firmado el acta”.

Esos puntos son uno que habla de que no se debe pedir permiso para marchar. “Nosotros le explicamos a la Alcaldía de Bogotá en su momento que esa no era una consideración del Gobierno, pero sí era una orden emitida por la magistrada”, añadió Palacios en la emisora.

“En la sentencia, la magistrada dice que se debe pedir permiso para marchar y por eso queda dentro del protocolo”, precisó Palacios. “No es una discusión si estábamos de acuerdo o no estábamos de acuerdo. Ellos [la Alcaldía] decían que solamente se tenía que avisar”.

También aseguró que en lo que se insistió en ese momento fue en que esa era una orden que establecía la magistrada.

“Luego hablan [la Alcaldía] del grupo élite, que es donde debe haber una reunión previa entre los líderes de las marchas y los miembros del Gobierno Nacional”, continuó Palacios, y también hizo referencia a que, para la Alcaldía, la Resolución 1190 era más garantista.

Pero aclaró que esa normativa la hizo el secretario distrital de gobierno, Luis Ernesto Gómez, cuando fue viceministro de Participación.

“Si esa resolución fuera suficiente, pues no existiría una orden de la magistrada para emitir un nuevo protocolo”, subrayó Palacios. “Se habría dicho: ‘Cúmplase la Resolución 1190’”.

“Aquí lo que tenemos es un protocolo en donde se dan unas recomendaciones a las gobernaciones, a las alcaldías, a la Policía y a los manifestantes, en donde hubo, en la gran mayoría, un acuerdo, se suscribió un acta que se envía como cumplimiento, se emite la resolución y posteriormente hay anotaciones de dos distanciamientos por parte de la Alcaldía de Bogotá”, terminó el funcionario.