En esa reunión, programada para este martes, la condenada excongresista se había comprometido a cooperar con la justicia revelando nombres y otra “información privilegiada”, dijo El Espectador, para que la Fiscalía intercediera ante la Corte Suprema de Justicia y lograra una rebaja de su sentencia.
No obstante, el director del Inpec, el general William Ruiz, dijo, en rueda de prensa, que a la entidad “llegó una boleta de atención odontológica que ella tenía prevista desde las 10:00 de la mañana” y por eso les informó al abogado y a los funcionarios de la Fiscalía que la reunión no se iba a hacer.
Sin embargo, Merlano no cumplió con su palabra y aprovechó su salida para ejecutar lo que sería un plan de fuga. Ella lanzó una cuerda desde el consultorio en el que estaba, se tiró y luego huyó con un motociclista que la estaba esperando.
Mientras tanto, dice el diario, el abogado Cuadro fue hasta la Corte Suprema de Justicia para radicar una apelación al fallo por considerar, según el periódico, que a Merlano se le vulneraron sus garantías fundamentales y que la pena fue “exagerada”.
El escándalo de compra de votos, por el que Merlano fue condenada a 15 años de prisión, también salpicó a los senadores Arturo Char (Cambio Radical) y a Laureano Acuña (Conservador) además de a los concejales Aissar Castro, Vicente Tamara, Juan Carlos Zamora, Jorge Rangel y Adalberto Lliná, a los que la Corte Suprema de Justicia ordenó investigar, según Blu Radio.
Asimismo, el alto tribunal pidió que se investigara a al empresario Julio Gerléin, al que, de acuerdo con La FM, varios testigos señalaron como “la cabeza de la compra de votos” de la excongresista Merlano.
Ahora, las autoridades buscan a la exsenadora y por información que ayude a dar con su paradero se ofreció 10 millones de pesos. Esa recompensa se aumentó, según dijo el director del Inpec a Blu Radio, a 50 millones de pesos.
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