Así lo aseguró la Red de Apoyo Regional para la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes del Catatumbo en un comunicado en el que pidió al Gobierno hacer lo necesario para proteger a los menores y dejarlos por fuera de las confrontaciones armadas.
“La violación de derechos de los menores de edad por parte de los actores armados expone a una nueva generación completa de niños, niñas y adolescentes a los riesgos de reclutamiento forzado, accidentes con artefactos explosivos, violencia sexual y su utilización en actividades ilícitas”, dijo la organización.
El Catatumbo es una de las zonas más pobres y olvidadas de Colombia y la conforman los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.
Esa extensión selvática es una de las más convulsas del país por la presencia del Eln, disidencias de las Farc, grupos de narcotraficantes y bandas criminales.
Con respecto a las minas antipersonales instaladas por los grupos ilegales, la red aseguró que en la primera semana de mayo un niño de ocho años murió en Teorama como consecuencia de la explosión de uno de esos artefactos.
Añadió que también hay comunidades que se han visto obligadas a desplazarse y protegerse en algunas escuelas “utilizándolas como alojamientos temporales, afectando indirectamente la continuidad” de las clases.
Además, puso “en evidencia la falta de espacios seguros que tengan en cuenta las necesidades de los menores de edad y que sean adecuados para albergar a la población desplazada”.
Ante la situación la red pidió a los “actores armados” respetar las escuelas como espacios de protección, detener la instrumentalización de los niños del Catatumbo para la guerra y aseguró que “es prioritario responder de manera integral a las necesidades de los afectados por la crisis humanitaria del Catatumbo”.
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