“Hasta el momento, este año, al menos 80 instalaciones educativas han tenido que suspender temporalmente las clases por temor a la violencia en esta región”, indicó el organismo en su página web.
“Los niños y niñas que no asisten a la escuela en las zonas de conflicto están más expuestos al reclutamiento forzado por parte de los grupos armados, y se convierten en víctimas del trabajo y el abuso infantil”, agregó.
El NRC destacó que desde el pasado enero se ha reportado un número récord de 26 minas terrestres y restos explosivos cerca de las aulas escolares, por lo que 3.459 estudiantes han sido obligados a suspender las clases como resultado de esa situación.
“La educación es clave para proteger a los niños en situación de riesgo, pero también para lograr una paz duradera en Colombia, sólo una adecuada inversión económica en la educación y una efectiva protección podrán promover una generación en paz en este territorio, disminuir el conflicto armado y contribuir a la estabilidad y el progreso económico”, dijo Christian Visnes, director nacional de NRC en Colombia, indicó el comunicado.
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Como consecuencia de esos hechos, el NRC instó al Gobierno colombiano a respaldar la Declaración de Escuelas Seguras del 2015, en la que los países se comprometen a proteger a los estudiantes, los docentes y los establecimientos educativos de los ataques durante los conflictos armados.
En la actualidad un total de 75 naciones han firmado dicha declaración.
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