La Ley 2381 de 2024, conocida como la reforma pensional, se enfrenta a una serie de controversias legislativas que ponen en duda su entrada en vigor el próximo primero de julio de 2025. Uno de los obstáculos más recientes es la denuncia hecha por la representante Carolina Arbeláez del partido Cambio Radical, quien alega irregularidades en la aprobación de un acta en la Cámara de Representantes, según informó la revista Semana.
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“No solamente se aprobó el acta en cuórum deliberatorio, sino que algunos congresistas podrían estar inhabilitados para votar,” afirmó Arbeláez en la citada revista. Este escenario podría deslegitimar los votos de aquellos parlamentarios que no participaron y comprometer la legalidad del trámite legislativo. Por ende, la aprobación final de la reforma por parte de la Corte Constitucional estaría en peligro.
“Los veo muy enredados porque varios congresistas, precisamente porque todo lo hacen a las patadas, hay una acta que tienen que votar que tiene que ver con el acta de la sesión que convocó a extras”, agregó Arbeláez.
Esta denuncia surge en un momento en el que se espera que el Congreso adelante su última aprobación del proyecto, requerida para enviar formalmente la reforma a la Corte y verificar el cumplimiento de los requisitos legales. Cabe recordar que la Corte Constitucional devolvió el proyecto inicial por “vicios de trámite” que terminaron posponiendo la entrada en vigor de la reforma, de acuerdo con el citado medio.
Con este nuevo inconveniente, la ley 2381 seguiría sin aplicarse teniendo como referente aún a la Ley 100 de 1993. La denuncia de la congresista Arbeláez añade más incertidumbre a la situación actual, ya que los magistrados de la Corte Constitucional aún no han firmado un veredicto oficial sobre la constitucionalidad o no de la reforma, como se mencionó en el informe periodístico.
Con los cambios que propone, la reforma pensional tiene la intención de remodelar el sistema pensional actual comprendiendo una redistribución de las cotizaciones entre Colpensiones y los fondos privados. Se busca también implementar un método de cotización más flexible para trabajadores independientes y hacer cambios progresivos en los requisitos mínimos para la jubilación, como las semanas cotizadas y la edad mínima para pensionarse, como se dijo en el citado portal.
Pero por ahora, el futuro de estos cambios está en un limbo legal. La Corte Constitucional pidió al Congreso corregir las fallas de procedimiento y llevar a cabo un nuevo proceso de votación antes que la reforma pueda entrar en vigencia.
En consecuencia, según Semana, el panorama dominante es de cautela, esperando la decisión final de los magistrados respecto a la constitucionalidad y puesta en marcha de la reforma. Entre tanto, las constantes controversias jurídicas demoran la materialización de la reforma pensional, dejando en vilo su futuro y vigencia en Colombia.
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