La representante investigadora Kelyn González analizó el expediente y decidió ordenar que se reabra el proceso y se inicie una investigación previa contra Samper por su presunta participación en el asesinato del entonces candidato presidencial, según un documento difundido por Semana.
En el auto con el que se anuncia el proceso, también se solicitan pruebas para las que González pidió el apoyo del CTI de la Fiscalía. La primera de ellas es que le envíen la “decisión de declaratoria de crimen de lesa humanidad sobre el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado”.
Además de citar y escuchar en versión libre a Samper y en declaración jurada a varias personas que pueden colaborar en el proceso. Además de los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe están:
– Mauricio Vargas Linares, exdirector de la Revista Semana y coautor del libro ‘El presidente que se iba a caer’.
– José Antonio Vargas Lleras, exsecretario general de la Presidencia de Samper.
– Juan Fernando Cristo, exasesor de Comunicaciones de la Presidencia.
– Horacio Serpa, exministro de Gobierno.
– Santander Lopesoerra, excongresista.
– Germán Osorio Sepúlveda, exedecan de Samper.
– Gabriel Puerta, quien en su momento sirviera como mediador entre los diferentes carteles de la droga.
– Fernando Botero Zea, exministro de Defensa.
– General Roso José Serrano, exdirector de la Policía Nacional.
– Carlos Alberto Lugo Álvarez, falso testigo del caso.
También le pidió a la Policía que envíe la hoja de vida de dos oficiales, uno es Osorio Sepúlveda y el otro es el coronel retirado Danilo González, también asesinado y señalado de participar en el crimen. Además, informar a la Procuraduría sobre el proceso.
La investigadora tomó esas decisiones argumentando que el proceso “permanece incólume” e insiste en aclarar la “posible participación del expresidente Ernesto Samper Pizano en condición de determinador del homicidio” de Gómez Hurtado a manos del cartel del norte del Valle.
La representante González hizo un recuento sobre las diferentes fases del proceso que solo han quedado en la práctica de pruebas al pasar por diferentes investigadores de la Comisión y enfatiza en que se debe establecer “si hay lugar o no al ejercicio de la acción penal” contra el exmandatario.
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