Los disturbios en Los Pozos, corregimiento de San Vicente del Caguán (Caquetá), dejaron un saldo trágico de un policía asesinado y dos de los manifestantes muertos. Pero, además, incluyeron el secuestro de 78 uniformados que fueron vejados y humillados. La reacción del Gobierno habría sido tardía, primero, con el envío de refuerzos para rescatar a los secuestrados, y luego, con la llegada de miembros del gabinete para atender los requerimientos de los manifestantes.

(Le interesa: “Cerco humanitario” o el ‘secuestro’ de palabras en discurso del ministro Alfonso Prada)

El primer caso quedó evidenciado con el angustioso reclamo de los secuestrados a sus superiores pidiendo que les enviaran apoyo y refuerzos. Todo fue registrado en audios que se difundieron profusamente. El segundo caso dio como resultado la escandalosa declaración del ministro del Interior, Alfonso Prada, que, por encima de todas las evidencias, incluso de las muertes de personas, aseguró que lo que se dio fue un “cerco humanitario”.

De lo ocurrido, también han trascendido las declaraciones de algunos de los uniformados que estuvieron secuestrados. Desde la posición que les correspondió vivir en esta situación, han dado su perspectiva, como el intendente Juna Ávila: “La vida nuestra estuvo siempre en riesgo, siempre en peligro, porque, obviamente, la magnitud de la agresión compromete seriamente la vida. Fueron miles de personas que no permitían que se pudieran prestar los primeros auxilios [al intendente asesinado] de forma efectiva. Parte de las amenazas mientras estuve retenido por estas personas era que, si bajaba el apoyo, si llegaba el apoyo, nos afectaban la vida”.

Pese a que se podría pensar que hay suficiente información sobre lo que ocurrió, muchos aspectos permanecen en la bruma, como si el humo que se desató después de que los manifestantes destruyeran la sede de la Petrolera Emerald Energy no se hubiera disipado e impidiera ver con claridad lo que pasó.

Para tratar de establecer con más precisión lo sucedido, la Procuraduría General de la Nación decidió abrir una indagación al ministro Prada y también al ministro de Defensa, Iván Velásquez, por la presunta omisión de sus funciones durante las manifestaciones. El Ministerio Publico destaca que la retención de los uniformados duró más de 24 horas.

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La investigación, a cargo de la Sala Disciplinaria de Instrucción, buscará establecer los hechos de incidencia disciplinaria en los que pudieron incurrir los funcionarios y determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que tuvieron lugar los hechos que dieron a conocer los medios de comunicación.

Además, la Procuraduría investigará las conductas en que, por acción u omisión, pudieron haber incurrido Prada y Velásquez, y decidir si esos comportamientos pudieron constituir falta disciplinaria a la luz del Código General Disciplinario, para lo que solicitó la práctica de pruebas conducentes al esclarecimiento de la situación.

La procuradora, Margarita Cabello, dijo que “se hubiera podido evitar mucho de esta tragedia, si se hubiera atendido a tiempo los requerimientos realizados por la Procuraduría” desde febrero. “Tampoco el Gobierno se puede sentar a conversar con sus autores [del secuestro] para buscar la manera de que no los investiguen ni enjuicien por esas acciones. Ellos deben saber que tienen latente la posibilidad de que les abran investigación por esos delitos. Y si los hay, al ministro le tocaba denunciarlos”, agregó la procuradora antes de dar a conocer la apertura oficial de la indagación.

“Mi respeto para ella y para que haga la indagación; le responderemos oportunamente con todos los informes. Solamente reitero que los hechos se presentaron el 2 de marzo; nosotros llegamos al territorio desde el 11 de febrero, muchísimo antes”, había dicho Prada también poco antes de conocerse la apertura de la indagación.

“Tenemos todos los informes de seguimiento. En estos temas hay que obrar con mucho cuidado, con mucho tacto, pero también con diligencia”, agregó el ministro del Interior. “Hicimos lo que humanamente teníamos la posibilidad de hacer, y espero que cuando lo valore la Procuraduría, concluya como nosotros que enfrentar estos momentos no es fácil, pero lo enfrentamos con todos los instrumentos jurídicos y el sentido de oportunidad”.

Respuesta de Gustavo Petro a indagación de Procuraduría

Tan pronto se conoció la apertura de la indagación contra dos de sus ministros que atendieron la caótica situación en Los Pozos, el presidente Gustavo Petro lo primero que hizo fue evocar una operación militar en el Putumayo que dejó varios civiles muertos. Aunque no precisó cuál, dijo que se trató de un bombardeo.

Después hizo dos preguntas en Twitter dirigidas a la Procuraduría, pero sin mencionar al ente de control (se transcribe textualmente): “¿Que es lo que quieren hoy algunos entes públicos?: Que el ejército entrara disparando a una manifestación de 7.000 campesinos del Guaviare, la Macarena, el Putumayo y Caquetá en el Caguán?”.

Por otra parte, hizo alusión al Derecho Internacional Humanitario (DIH), pese a que ese sistema del derecho internacional solo se aplica en caso de conflicto armado, y no cubre las situaciones de tensiones internas ni de disturbios interiores. “Este gobierno respeta el DIH, otra políticas de seguridad basadas en la sangre del pasado no son las nuestras”, escribió Petro.

En su estilo de dirigir las miradas hacia gobiernos anteriores, también aseguró que su administración dialoga “con la sociedad para proteger la vida”. Y terminó con esta afirmación: “Desde las oficinas de Bogotá es fácil ordenar la muerte. Nuestros ministros y militares actuaron correctamente”.

Eso, precisamente, es lo que busca establecer la Procuraduría: si los ministros Prada y Velásquez actuaron con apego a la ley o incurrieron en faltas disciplinarias por no actuar, o por hacerlo demasiado tarde.