En los últimos tres años, al menos 290 casos fueron reportados por la Defensoría del Pueblo que es la entidad del Estado que se encarga de brindar apoyo legal a personas que no tienen con qué pagar un abogado de confianza, indicó El Tiempo.

“Algunos capturados con fines de extradición prefieren ahorrar esa plata y tenerla disponible para pagar el abogado que los acompañe en el juicio ante la Corte extranjera que los requiere”, señaló al periódico el abogado Carlos Gilberto Gómez Cifuentes.

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De acuerdo con ese jurista, el trámite en Colombia –cuando un capturado es solicitado en extradición– es un asunto “notarial” en el que apenas se valida información del reo y no se profundiza en las evidencias que existen en su contra en las Cortes internacionales, contextualizó el diario.

A eso se añade que el aparato estatal colombiano no se puede negar a cumplir con esa obligación legal y tampoco existen herramientas que faculten a la Defensoría del Pueblo para determinar quién está en capacidad de pagar un abogado privado y quién no, precisó el penalista Pedro Nel Escorcia a El Tiempo.

Hay personas que abusan del Estado, es como si una persona de estrato seis tiene Sisbén cuando tiene las posibilidades económicas para vivir sin los beneficios sociales que se financian con los impuestos”, puntualizó el abogado a ese medio.