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En una escuela del sur de Madrid, cuando las clases ya han acabado, una de las aulas conserva su bullicio. Los roles parecen invertidos: afuera, son los niños los que esperan, algunos correteando y jugando en el patio; adentro, los adultos, sentados en pequeñas sillas y con varias mesas bajas juntas, debaten en medio de una marea de papeles y computadoras.
Este grupo, que se reúne dos veces a la semana, tiene una misión: asesorar a las personas migrantes que buscan acogerse a la regularización extraordinaria, la medida adoptada por el Gobierno de España que permitirá que cientos de miles de migrantes llegados a España antes del 1 de enero de 2026 y sin antecedentes penales puedan normalizar su estatus legal en el país.
Como la información sobre los requisitos ha cambiado desde el anuncio de la decisión en enero hasta su publicación definitiva el pasado 15 de abril, estos voluntarios –miembros de la comunidad escolar, tanto españoles como extranjeros, algunos de los cuales ya han presentado su solicitud de regularización extraordinaria– se han interiorizado del proceso, con la asesoría de una abogada, para asistir a los migrantes en sus presentaciones.
Nacho García, integrante de la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) de la institución, explica a France 24 que el objetivo es “acompañar a gente que está perdida” y ayudarles a “ordenar la información, pedir la cita si le resulta difícil y, en última instancia, podemos ir con la persona a presentarlo físicamente”.
Olga Lucía Marín, una mujer colombiana que llegó hace un año a España, ya realizó su solicitud junto a su esposo y sus dos hijos y ahora está abocada en respaldar a otros solicitantes que “no tienen los medios económicos o el conocimiento sobre el proceso de regularización”.
“Esta familia que hemos hecho acá nos ha servido como un apoyo para saber cuál es el paso a seguir, qué hay que hacer. Nosotros hemos sido ejemplo de cómo se hace el proceso y por eso estamos acá para apoyar a las personas que necesiten ayuda”, afirma.
Para García, brindar esta asistencia a familias migrantes de la comunidad es parte de la misión de la escuela y defiende que se debe “pensar que lo que sucede en casa afecta al cole y lo que sucede en el cole afecta a casa”.
“Es tan vital que las familias de este colegio tengan eso resuelto para que sus hijos, las hijas, estén cómodas y tranquilas en el colegio que nos hemos organizado para apoyarnos entre las familias. Porque no venimos solo a aprender, venimos a convivir, a estar juntas, ¿no?”, remarca.
Por ese motivo, Marín agradece que “mucha gente de España nos está apoyando y también ve que nosotros no venimos acá a ser una carga para el país, sino que venimos a aportar con trabajo, con ideas“.
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Un apoyo necesario frente a la desinformación y el riesgo de estafas
Como ocurre en esa escuela, en la parroquia Nuestra Señora de la Concepción de Ciudad Lineal, en el noreste de la capital española, existe Oasis, un grupo de acogida para migrantes.
Doris Castillo coordina esta organización creada hace más de diez años y que cada sábado recibe a “migrantes que necesitan encontrar un espacio para compartir, sentirse escuchados, resolver dudas”.
Por eso, no titubeó en abrir el lugar un día adicional en la semana para brindar asesorías a los extranjeros que pretenden aplicar a la regularización extraordinaria “para que tengan toda la información de primera mano y, sobre todo, verídica”.
En este caso, como en el de la escuela, Castillo destaca que “esto es un proceso de voluntarios, somos más de 10 personas y muchos de ellos, casi todos, también migrantes, que aparte de venir a participar, tienen mucho que aportar”.
“Me parece fundamental que podamos ayudarnos entre todos. Hay una realidad muy dura, de muchísima gente que está viviendo en España desde hace muchos años y, además, está trabajando, pero no puede acceder a un contrato, tampoco puede aportar. Entonces, es necesario que ellos estén regularizados para que puedan aportar de forma legal en el país“, refuerza.
En uno de los salones internos del complejo parroquial, al pie de una enorme cruz, una veintena de personas forman un círculo alrededor de Diego Bonil Vaca, un abogado colombiano radicado hace 18 años en España y experto en Extranjería que se ha prestado para atender dudas de forma gratuita a los asistentes.
Por momentos, la charla explicativa se sale del cauce que pretende darle el letrado, a medida que cada uno busca respuestas a su caso particular. Es un desvío comprensible frente a las ansias de información y la preocupación de los aspirantes a la regularización por no cumplir a tiempo con la presentación, cuyo plazo culmina el 30 de junio próximo.
Con calma y disposición, Bonil Vaca atiende las consultas, intenta completar su exposición y se extiende más allá de la hora señalada para su partida. Afirma que, para él, prestar este servicio por fuera de su actividad privada “es un tema de convicción” y de “empatizar” porque, dice: “Yo soy migrante y he sufrido en carne propia este proceso de adquirir una residencia, tener un permiso de trabajo, hacerte ciudadano español”.
También lo ve necesario para combatir lo que describe como “mucha desinformación”, a la que “las redes sociales se han prestado muchísimo, dando pie a mucha confusión y preocupación”.
“En la extranjería, además, tristemente hay mucho intrusismo. Hay personas que falsamente hacen servicios de extranjería. Hay gente muy desaprensiva y que engaña a las personas. Por mi mesa de trabajo han pasado miles de personas explotadas, engañadas”, señala.
Una de las tretas más comunes de los estafadores es pedir dinero a los migrantes a cambio de realizar trámites que son gratuitos, como el empadronamiento, el certificado de vulnerabilidad (uno de los documentos clave que los extranjeros deben pedir en oficinas públicas de asistencia social u organizaciones sociales registradas) o hasta la simple petición de una cita.
María Isabel Leyva Quintanilla, una mujer de origen peruano de 51 años que lleva un año y tres meses en España, cuenta que llegaron a pedirle “300, 400, 500 euros” para un empadronamiento y señala haberse quedado “un poco en duda” en consultas anteriores o por información que vio “en TikTok“.
Al llegar a la parroquia, admite que había “perdido todas las esperanzas” de acogerse a la regularización extraordinaria por la complejidad de su caso –explica que, al intentar solicitar sus antecedentes penales, las autoridades peruanas le dijeron que “no existe” en la base de datos–, pero, tras participar de la charla, “creo que al menos tengo una oportunidad, que tengo que ir a la Embajada de Perú para ver si hay la posibilidad de sacar mis papeles”.
Las expectativas de los migrantes que esperan ser regularizados
En los dos grupos de atención que visitó France 24, se pudo constatar una mayoría de inmigrantes latinoamericanos entre los solicitantes de la regularización.
No es casualidad: según el centro de análisis Funcas, cerca del 90% de las 840.000 personas migrantes en situación irregular estimadas en España proceden de países de América Latina, con Colombia, Perú, Honduras y Venezuela a la cabeza.
Para Raymond Torres, director de coyuntura económica de Funcas, compartir el idioma y una cultura similar garantiza una “facilidad de integración” de los migrantes, lo que considera un “activo de la sociedad y la economía española”.
La regularización extraordinaria, sin embargo, divide a los españoles. Una encuesta reciente de 40dB para los medios El País y Cadena SER plantea un escenario de tercios, en el que un 37,6% de los consultados apoya la medida y un 33% la rechaza, opiniones que, previsiblemente, se agudizan en los extremos: la mayoría de los que se definen de izquierda respaldan la decisión y los que se consideran de derecha la repudian.
Además de la desaprobación de la oposición al gobierno de Pedro Sánchez (sobre todo el conservador Partido Popular y el ultraderechista Vox, que hasta lanzó una campaña de avisos en la vía pública contra la medida), desde la Policía Nacional, que tiene la competencia en trámites de extranjería, han lanzado sus críticas.
La portavoz del sindicato mayoritario de la fuerza (JUPOL), Laura García, advierte a France 24 de la falta de personal para hacer frente al flujo de solicitudes –lo que, sostiene, puede comprometer la seguridad del proceso– y cuestiona que solo se pidan antecedentes judiciales, sin incluir los policiales, lo que implicaría que “una persona que ha delinquido en España” pero todavía no tenga una condena judicial “puede proceder a esta regularización”.
Pese a estas dudas, un importante sector, el empresarial, ha celebrado la iniciativa. Raymond Torres indica que esto se debe a que muchas de las personas que solicitarán la regularización “ya están trabajando de manera irregular”, por lo que al normalizar su situación legal podrán “cotizar a la seguridad social, pagar impuestos”, a la vez que creará “una competencia mucho más leal” para las empresas que solo contratan a empleados con papeles en regla frente a aquellas que ahora “se aprovechan de la situación de irregularidad de muchas personas”.
“No olvidemos que España se ha beneficiado, sobremanera, de la incorporación de mano de obra, particularmente extranjera, estos últimos años”, subraya el analista de Funcas.
Todos las personas migrantes consultadas por France 24 remarcaron que la posibilidad de conseguir un contrato de trabajo formal es uno de sus principales objetivos si logran regularizar su situación legal.
En Perú, Luis Santiago Carlos Rojas estudió Derecho y Administración, pero desde su llegada a España en agosto de 2024 solo pudo conseguir empleos temporales en los que “he trabajado hasta 18 horas seguidas y con una paga muy escasa”.
“Esto me parece una puerta muy buena para todos nosotros que queremos formalizar, que venimos a trabajar y a echarle para adelante, con las ganas de seguir trabajando y hacer crecer el país”, subraya este hombre, que participa del encuentro en la parroquia de Ciudad Lineal.
Su esposa Naomi Barrueto Buques –que estudió en el país gracias a una beca para un máster en Neurociencia y luego se quedó al vencerse su permiso de estudiante– afirma que, en el caso de los hombres, es más difícil obtener trabajos, incluso de manera irregular, a diferencia de las mujeres, que, como ella, suelen emplearse en el sector de cuidados o tareas del hogar.
“Con esto de la regularización espero también poder desempeñarme en lo que me gusta”, se ilusiona.
Es la misma expectativa de Olga Lucía, que en Colombia era ingeniera industrial y “acá tengo que ver en qué me puedo organizar”.
“La idea es tener un trabajo con el que pueda tener la seguridad de que a fin de mes llego, que me alcanza, que tengo tiempo para mí, para mis hijos –concluye–. Y no estar en la incertidumbre de todos los días de pensar ‘mañana ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar mañana?’“.
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