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El Gobierno de Venezuela analiza declarar un “estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional” como respuesta a lo que considera “agresiones y amenazas” de Estados Unidos. La propuesta fue debatida este martes 23 de septiembre en una reunión de alto nivel que incluyó a los jefes de los poderes públicos, altos funcionarios del Ejecutivo y autoridades del Poder Judicial.
La medida, prevista en la Constitución venezolana, puede activarse “en caso de conflicto interno o externo que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y ciudadanas o de sus instituciones”. Según el texto constitucional, este tipo de decreto puede extenderse hasta noventa días y ser prorrogado por otros noventa si persisten las condiciones que lo justifican.
Durante la reunión, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el presidente Nicolás Maduro aseguró que el objetivo es garantizar que “toda la nación” cuente con respaldo institucional en caso de una eventual agresión. “Cada ciudadano y ciudadana de este país tendrá la protección y la activación de todas las fuerzas de la sociedad venezolana para responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera contra Venezuela”, sostuvo el mandatario.
Maduro estuvo acompañado por figuras clave del oficialismo, como la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Beatriz Rodríguez, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
También participaron el fiscal general, Tarek William Saab, y la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, quien subrayó que la convocatoria del comité ejecutivo es “muy pertinente en razón de las amenazas que se ciernen sobre Venezuela”, con el fin de “blindar constitucionalmente las acciones” para garantizar la paz y la integridad territorial.
Por su parte, la presidenta del TSJ afirmó que el Poder Judicial está preparado para respaldar las decisiones del Ejecutivo en este contexto y “poner estos decretos que suman propuestas que van a contribuir para seguir garantizando la estabilidad” del país.
Un desfile militar para mostrar el poderío
La discusión sobre el estado de conmoción se produce tras una marcha en Caracas convocada por el oficialismo, en la que participaron civiles y militares, y que incluyó la exhibición de vehículos de combate. El evento se presentó como una demostración de fuerza ante la presencia de un importante despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.
Puesto que Washington mantiene en la región al menos ocho buques de guerra, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, más de 4.500 soldados y cazas de última generación F-35B desplegados en Puerto Rico, como parte de una operación que el Gobierno de Estados Unidos enmarca en la lucha contra el narcotráfico.
Sin embargo, Caracas considera esta presencia una “amenaza militar” y un intento de “forzar un cambio de régimen”.
Entre tanto, la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, la almirante Carmen Meléndez, llamó a la población a estar en alerta. “El imperio lo que quiere es nuestros recursos, nuestro petróleo. Pero nosotros debemos estar alerta, preparados, la inteligencia funcionando, la inteligencia del Estado, la inteligencia militar y la más importante: la del poder popular”, señaló durante un acto por la soberanía.
Además, advirtió que “todas las entradas de Caracas estarán protegidas” por las fuerzas armadas y las milicias.
Maduro en contra de las acusaciones de narcotráfico
El Gobierno de Estados Unidos ha vinculado reiteradamente al presidente Maduro y a altos mandos venezolanos con el llamado “Cartel de los Soles”, al que acusa de facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. El propio presidente Donald Trump reiteró este martes en su discurso ante la ONU que Venezuela forma parte de redes de narcotráfico, una acusación rechazada por Caracas.
En respuesta, Maduro envió una carta a la administración estadounidense en la que negó que Venezuela sea un corredor principal del narcotráfico regional. Aseguró que solo el 5% de la cocaína producida en Colombia transita por territorio venezolano, de la cual el 70% fue neutralizada por las autoridades del país.
Además, ofreció entablar conversaciones directas con Washington a través del enviado especial Richard Grenell, una propuesta que se dio a conocer días después del primer ataque de Estados Unidos a una embarcación venezolana en el que murieron 11 personas, señaladas por la Casa Blanca como narcotraficantes.
Operaciones de militares estadounidenses en el Caribe
Estados Unidos ha llevado a cabo al menos tres ataques contra embarcaciones que, según su versión, transportaban cargamentos de droga procedentes de Venezuela. Trump afirmó que cada uno de los barcos destruidos contenía suficiente droga como para “matar a más de 25.000 estadounidenses”.
El episodio más reciente ocurrió en aguas cercanas a República Dominicana, donde el Ejército estadounidense bombardeó una lancha tipo “Go Fast” que transportaba cerca de 1.000 kilos de presunta cocaína.
Ese ataque provocó la muerte de tres personas a bordo. La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) dominicana informó que la operación se realizó “en estrecha coordinación” con el Comando Sur de Estados Unidos y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-South).
Colombia pide investigar los ataques estadounidenses
El Gobierno de República Dominicana emitió un comunicado en el que defendió su “firme y reconocida trayectoria” en la lucha contra el narcotráfico, en el marco del derecho internacional y de acuerdos de cooperación que buscan fortalecer la seguridad marítima. Reiteró además su compromiso con el principio de América Latina y el Caribe como zona de paz.
Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, utilizó su intervención en la Asamblea General de la ONU para cuestionar la política antidrogas de Washington.
Petro sostuvo que esta estrategia no tiene como objetivo detener el flujo de cocaína hacia el norte, sino mantener un esquema de dominación sobre los países latinoamericanos. El mandatario colombiano también criticó el uso de misiles contra embarcaciones civiles en alta mar y afirmó que “no existe norma en el derecho internacional que permita” ese tipo de acciones.
En tanto, Petro pidió que se investigue el hundimiento de la lancha en el Caribe, ya que podría haber involucrado a ciudadanos colombianos. “Esto significa que funcionarios de Estados Unidos y República Dominicana serían culpables de asesinato de ciudadanos colombianos”, dijo Petro, quien instó a las familias de las víctimas a formalizar las denuncias ante las autoridades.
Con EFE, Reuters y medios locales.
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