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El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, solicitó que sean activados planes de contingencia debido a que, aproximadamente, 7.000 colombianos en Venezuela podrían ser, eventualmente, deportados o retornados a nuestro país.
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El defensor afirmó que puede convertirse en el mayor éxodo de los últimos tiempos, teniendo como recepción principal los departamentos del Vichada y Guainía. De ahí que solicitó activar los mecanismos necesarios para proteger los derechos de la población migrante.
En su llamado, la Defensoría le solicita a la Cancillería colombiana recurrir a mecanismos que garanticen el debido proceso, así cómo el derecho a la defensa de los colombianos que puedan ser detenidos en el desarrollo de operativos militares por tropas venezolanas en las minas auríferas de Yapacana, en Venezuela.
Cabe destacar que, los colombianos han estado en el ojo de las autoridades de diferentes países y se conocieron qué hacen para ser blancos más fáciles para la deportación.
De acuerdo con información de la entidad, las minas de Yapacana, ubicadas a tres horas por río del municipio de Inírida (Guainía), son atractivas para las personas de toda la región de la Orinoquía, ya que en esa actividad encuentran una forma de sustentar sus necesidades básicas, pese a la presencia de grupos armados ilegales. “De darse una deportación masiva, pasaría a convertirse en el mayor éxodo masivo de las últimas décadas, teniendo como sitios de recepción los departamentos de Vichada y Guainía”, explica el comunicado emitido por la Defensoría.
Los operativos militares que las tropas de Venezuela iniciaron desde finales del 2022 habrían desencadenado en capturas de personas colombianas, explica la Defensoría. Algunos de los puntos de extracción minera, al ser una actividad ilegal que amenaza los territorios y afecta el medioambiente, estarían en proceso de cierre o regulación. Y de ahí se derivaría el posible retorno masivo.
“Las comunidades de los ríos Atabapo y Guainía, el resguardo El Paujil, la ciudad de Inírida, sus áreas no municipalizadas como Cacahual, Puerto Colombia y San Felipe, serían los principales centros receptores de población. Pero estos lugares no pueden responder a un éxodo de gran magnitud, no cuentan con las capacidades suficientes. Estaríamos frente a una crisis humanitaria, pues sus habitantes, además, están en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica”, explicó el defensor Camargo.
Los connacionales, de acuerdo con la información recopilada por la Defensoría, están trabajando en las minas de extracción aurífera en el Parque Nacional Cerro Yapacana, estado Amazonas del vecino país. Sin embargo, sus labores, directas o indirectas, los exponen a la vulneración de los derechos fundamentales como la integridad, libertad, seguridad o vida. Además, pertenecen a pueblos indígenas, población en condición de vulnerabilidad socioeconómica, mujeres, niñas, niños y adolescentes están en riesgo.
“Desde la Defensoría del Pueblo emitimos la Alerta Temprana 003 del 2023, en la que advertimos no solo los peligros para la población civil por posibles confrontaciones armadas en las áreas de explotación minera en el estado Amazonas, sino también lo que podría ocasionar una expulsión masiva de colombianos que dependen de esta actividad en la zona sur de la Orinoquía venezolana”, indicó el funcionario Camargo.
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Finalmente, la Defensoría realizó un segundo llamado: “También le solicitamos al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia establecer mecanismos de cooperación que aborden posibles vulneraciones a los derechos de población en movilidad humana en la frontera entre el departamento de Guainía y el estado Amazonas de Venezuela, desde un enfoque preventivo, de protección y humanitario”. Igualmente, solicitó que den apertura a los consulados en San Fernando de Atapabo y Puerto Ayacucho, como también al consulado de Venezuela en Inírida.
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