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Una de las primeras promesas de Donald Trump tras la captura del presidente Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, fue que reconstruirá la infraestructura petrolera venezolana y resucitará una industria moribunda que lleva años en decadencia. De paso, pretende ejercer algún tipo de control sobre los valiosos ingresos petroleros del país suramericano.
El martes, el republicano dio un primer paso en esa dirección: reveló que su país acordó acceder a entre 30 millones y 50 millones de barriles de crudo de Venezuela, sin ofrecer grandes detalles.
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“¡Este petróleo se venderá a su precio de mercado y ese dinero será controlado por mí, como presidente de los Estados Unidos, para asegurar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos!”, escribió en su cuenta de Truth Social.
Trump agregó que será el Departamento de Energía, dirigido por el secretario Chris Wright, el que ejecute el plan de forma inmediata. El Gobierno encargado de Venezuela, sin embargo, no ha confirmado la información.
El petróleo se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos
EE. UU. consume un promedio de aproximadamente 20 millones de barriles diarios de petróleo y productos relacionados, por lo que la transferencia de Venezuela equivaldría a dos días y medio de suministro, según la Administración de Información Energética estadounidense.
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¿EE. UU. puede administrar los recursos naturales de Venezuela?
Aunque quisiera, Donald Trump no estaría en potestad de administrar las reservas de petróleo venezolano, al menos no ahora, opina Luis Pacheco, exejecutivo de PDVSA, la petrolera estatal.
“Eso es una afirmación conceptual de la Casa Blanca, pero no veo nada concreto. No entiendo cómo piensa hacerlo. Venezuela sigue siendo -con o sin el régimen- un país soberano”, explicó, en diálogo con France 24.
Una opinión similar a la de China, el principal comprador de petróleo del país suramericano, que asegura que Venezuela “es un país soberano y goza de plena y permanente soberanía sobre sus recursos naturales y todas las actividades económicas dentro de su territorio”.
Con el petróleo cotizando a aproximadamente 56 dólares por barril, la transacción estadounidense podría alcanzar los 2.800 millones de dólares. China interpreta la movida como una manera de desviar suministros petroleros dirigidos a Beijing y denunció a Washington como un “abusador”.
“La cooperación entre China y Venezuela es una cooperación entre Estados soberanos y está amparada por el Derecho Internacional y las leyes de ambos países”, señaló la portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores, Mao Ning, en rueda de prensa este miércoles 7 de enero.
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Aunque los aliados de Maduro en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) siguen en el poder, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se debate entre denunciar su “secuestro” o impulsar la cooperación con Estados Unidos bajo las amenazas explícitas de Trump.
Rodríguez, al pronunciar un discurso el martes ante funcionarios gubernamentales de los sectores agrícola e industrial, dijo: “personalmente, a quienes me amenazan: mi destino no lo determinan ellos, sino Dios”.
Si no es el control de los recursos naturales, entonces ¿qué?
Lo que sí puede hacer Donald Trump es convencer a las principales compañías estadounidenses de volver a Venezuela e invertir decenas de miles de millones de dólares para reactivar su industria y obtener beneficios a partir de la venta del crudo.
Pero la tarea no será fácil. Aunque este país posee las mayores reservas petroleras del mundo, están subexplotadas y su producción es apenas una parte de lo que llegó a ser décadas atrás. El desplome es atribuido por analistas a la mala gestión, la limitada inversión extranjera tras la nacionalización de su industria petrolera y las sanciones.
Clayton Seigle, investigador principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, remarcó que “Venezuela tiene una historia autocrática. Elecciones amañadas, fracasos macroeconómicos y, especialmente en lo que respecta al petróleo y el gas, la nacionalización de recursos, acompañada de la expropiación de activos petroleros. Al sumar todo esto, el resultado es un campo de juego potencialmente muy difícil”.
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“La estructura institucional alrededor de la industria del petróleo no es la adecuada para la inversión, la estructura fiscal no conduce a inversiones de largo plazo (…) Los temas de seguridad física y jurídica que hay que arreglar antes de que haya una inversión importante, toman mucho tiempo”, añadió Luis Pacheco, quien tiene más de cuatro décadas de experiencia en el sector.
El presidente estadounidense pretende remediarlo: “reconstruiremos la infraestructura petrolera, lo que costará miles de millones de dólares, cubiertos directamente por las compañías petroleras”, sentenció en rueda de prensa el 3 de enero. Pero no es seguro que las empresas estén dispuestas a asumir el riesgo.
Con Reuters, EFE, AP, AFP y medios locales
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