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El asesinato de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi reveló la trama más oscura entre el avance del narcotráfico y la violencia de género en la Argentina. Con rasgos propios de un crimen mafioso, el caso volvió a exponer la vulnerabilidad de las jóvenes en contextos de exclusión y la falta de respuestas efectivas del Estado frente a la violencia estructural que atraviesa los barrios populares.
El hallazgo de los cuerpos de Lara Gutiérrez, de 15 años, y de las primas Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20, asesinadas en Florencio Varela, un municipio del conurbano sur de Buenos Aires, no solo estremeció a la sociedad argentina.
Este crimen atroz, transmitido parcialmente en redes sociales y con signos de tortura propios de un mensaje mafioso, expone la intersección más brutal entre el avance del narcotráfico y la persistente violencia de género en el país.
El caso rápidamente ocupó la agenda pública y mediática. La edad de las víctimas, la violencia con la que fueron asesinadas y la manera en que se intentó enviar un “mensaje” a través del crimen lo convirtieron en uno de los episodios más espeluznantes de los últimos años.
Con el correr de los días, la investigación judicial fue reconstruyendo la secuencia de los hechos: desde la desaparición de las jóvenes hasta la captura en el extranjero de los principales sospechosos.
La desaparición y el hallazgo
El viernes 19 de septiembre, Lara, Brenda y Morena fueron vistas por última vez. Habían sido invitadas a una casa del barrio Villa Vatteone, en Florencio Varela, donde les ofrecieron 300 dólares a cada una para participar de una supuesta fiesta.
Partieron juntas desde la casa de Morena hacia una gasolinera en Ciudad Evita, localidad del partido de La Matanza. En principio, les habían dicho que las recogería un chofer de la aplicación DiDi, pero finalmente las pasó a buscar una camioneta Chevrolet Tracker blanca. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que subieron de manera aparentemente voluntaria al vehículo, alrededor de las 21:30.
La camioneta, con patente adulterada, atravesó Lomas de Zamora y llegó hasta Villa Vatteone. Esa misma noche, las jóvenes dejaron de responder mensajes y llamadas. La última señal del celular de Lara se registró a las 23:14. Según los informes forenses, habrían sido asesinadas en la madrugada del sábado 20, cerca de las 3:00.La tarde del sábado, sus familiares intentaron denunciar la desaparición en la comisaría de Ciudad Evita, pero los agentes se negaron a tomar la denuncia con el argumento de que debían esperar 24 horas. Recién el domingo 21, tras insistir, lograron hacerlo.
Durante los días siguientes, familiares, amigos y organizaciones feministas realizaron rastrillajes y campañas en redes sociales para exigir avances en la búsqueda. Las concentraciones se llevaron a cabo en la rotonda de La Tablada, el lugar donde las jóvenes habían sido vistas por última vez.
El 24 de septiembre, la Policía Bonaerense realizó un operativo en una vivienda del barrio Villa Vatteone, ubicada en las calles Jáchal y Chañar, donde hallaron los cuerpos mutilados de las tres jóvenes enterrados en el patio trasero. Presentaban signos de tortura y una violencia extrema.
Las autopsias confirmaron la magnitud del ensañamiento: Lara fue asesinada de una puñalada en el cuello tras sufrir la amputación de los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja; Brenda presentaba heridas punzocortantes en el cuello, golpes en la cabeza y evisceración post mortem; Morena fue golpeada brutalmente en el rostro, sufrió una fractura cervical y fue asesinada con violencia extrema. Los cuerpos fueron descuartizados antes de ser enterrados.
Según confirmó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, el triple crimen fue transmitido por redes sociales a través de un grupo cerrado, en el que se grabaron las torturas y asesinatos de las tres jóvenes. El funcionario sostuvo que el video habría sido utilizado como parte de un mensaje mafioso, destinado a exhibir poder dentro de una estructura narco.
La investigación
La causa quedó inicialmente a cargo del fiscal Gastón Dupláa, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios Dolosos del Departamento Judicial de La Matanza. Con el avance de la investigación y la hipótesis de un ajuste de cuentas ligado al narcotráfico, el caso fue transferido al fiscal Adrián Arribas.
Desde el comienzo, los investigadores advirtieron características propias de un crimen mafioso: la brutalidad de los métodos, el entierro clandestino y la difusión de imágenes destinadas a intimidar a posibles rivales.
La investigación señaló como principal sospechoso a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, de nacionalidad peruana. Hijo de un presunto capo narco de ese país, Pequeño J está vinculado —según fuentes judiciales y policiales— a redes internacionales de narcotráfico y figuraba con una alerta roja de Interpol.
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De acuerdo con la Fiscalía, se trataría del autor intelectual del triple femicidio, que se investiga como una represalia interna dentro de la organización.
El 1 de octubre, tras un operativo internacional coordinado por Interpol, Pequeño J fue detenido en la ciudad de Pucusana, al sur de Lima, cuando se disponía a reunirse con Matías Agustín Ozorio, su mano derecha. Su captura fue posible gracias al rastreo de comunicaciones y a seguimientos realizados en la capital peruana.
En el mismo operativo fue arrestado Ozorio, considerado colaborador directo de Pequeño J. Fue expulsado de Perú y entregado a las autoridades argentinas, donde enfrenta un proceso judicial por homicidio triplemente agravado.
En territorio argentino, las detenciones alcanzaron a Magalí Celeste González Guerrero, Andrés Maximiliano Parra, Iara Daniela Ibarra y Miguel Ángel Villanueva Silva, todos imputados por su presunta participación directa en el crimen y trasladados al penal de Melchor Romero.
También fueron apresados Víctor Sotacuro Lázaro, en la ciudad de Villazón (Bolivia), y Ariel Giménez, apuntado por los investigadores como el hombre que cavó el pozo y enterró los cuerpos de las jóvenes.
Poco después fue detenida Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro Lázaro, acusada de haber estado en el mismo vehículo con su tío la noche de los asesinatos.
Hipótesis en curso
La línea principal sostiene que el triple femicidio fue una represalia narco, posiblemente motivada por el robo de drogas o dinero dentro de la organización. Para los fiscales, la extrema violencia del hecho y su difusión parcial en redes sociales indican que se trató de un crimen ejemplificador, dirigido a enviar un mensaje de poder y disciplina interna.
No obstante, la Fiscalía no descarta otras hipótesis. La investigación continúa abierta y podría sumar nuevas imputaciones en las próximas semanas.
Repercusiones sociales y políticas
El caso provocó una fuerte indignación en todo el país. En distintas ciudades se realizaron marchas multitudinarias bajo la consigna ‘Justicia por Lara, Brenda y Morena’, al grito de ‘Basta de matarnos’. Las movilizaciones fueron encabezadas por organizaciones feministas, movimientos sociales y familiares de víctimas de femicidio.
La agrupación Ni Una Menos convocó una movilización frente al Congreso el 26 de septiembre, mientras que distintas asambleas barriales exigieron reformas en los protocolos de búsqueda y denuncia temprana.
Los reclamos sociales señalaron la convergencia entre dos problemáticas profundas: la violencia de género y el avance del narcotráfico en los barrios populares argentinos. En ese sentido, el caso desató un cruce político entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
Bullrich reclamó que la provincia de Buenos Aires “aplique la Ley Antimafias” y cuestionó lo que consideró una falta de control territorial. Kicillof respondió que “el narcotráfico afecta a toda la Argentina” y pidió al presidente Javier Milei “convocar urgentemente a los gobernadores”, al señalar que “es absurdo pensar que se puede resolver sin el trabajo conjunto con la justicia federal y las fuerzas federales”.
Debate legal y perspectiva de género
Más allá de las hipótesis sobre la relación del caso con el narcotráfico, especialistas advierten sobre la importancia de enmarcar el crimen como un triple femicidio.
En diálogo con France 24, la abogada feminista Melisa García, fundadora de la Asociación de Abogadas Feministas, subrayó que la figura está incorporada en el Código Penal argentino y que reconocerla “pone de manifiesto que estamos hablando de una cuestión de género, porque el motor termina siendo la cosificación del cuerpo de las mujeres”.
En su visión, ubicar el hecho únicamente dentro de la lógica del narcotráfico puede diluir esa dimensión.
“Si lo colocamos en el marco de un ajuste de cuentas, parece que pudo haber sido cualquiera, un hecho azaroso, y no se ve que fueron tres chicas vulnerables, jóvenes en situación de precariedad económica y social”, sostuvo.
Para García, tratarlo como femicidio no solo define agravantes propios, sino que también activa compromisos internacionales que obligan a la Justicia a investigar con perspectiva de género.
La abogada también alertó sobre otro punto recurrente en los debates públicos tras este tipo de crímenes: la tendencia a poner el foco en las víctimas. “Siempre el eje se termina colocando en qué hizo esa mujer, esa joven, por qué estaba en el lugar que estaba. Y eso casi justifica el resultado final, que en este caso es un femicidio”, señaló.
García vinculó esa mirada con la situación de vulnerabilidad estructural que atraviesan miles de jóvenes en Argentina bajo el Gobierno de Milei: la falta de políticas habitacionales, sociales y de género, así como la eliminación de programas estatales de acompañamiento que ofrecían cierto resguardo frente a escenarios de violencia.
“Lo que este caso pone de manifiesto es una enorme precariedad y una desidia estatal absoluta, que siempre termina repercutiendo en el cuerpo de las mujeres”, concluyó.
‘Narcofemicidios’ y violencia como mensaje
El caso también despertó lecturas desde las ciencias sociales. La antropóloga Agustina Kupsch advirtió que, si bien en Argentina todavía no existe un recorrido tan amplio en el estudio de la violencia narco como en México, lo ocurrido en Florencio Varela se inscribe en una dinámica que investigadoras como Rita Segato han analizado durante décadas en Ciudad Juárez.
Según Kupsch, cuando se asesina a hombres dentro de disputas narco, el objetivo suele ser la territorialidad: marcar límites de control sobre rutas de tráfico y comercio ilegal. En cambio, cuando las víctimas son mujeres, el crimen adquiere otra dimensión: los cuerpos femeninos son utilizados como parte de ese territorio conquistado o en disputa.
“Las mujeres no son vistas como sujetos plenos de derecho, sino como objetos de conquista. Se las mata para enviar un mensaje, como parte de un territorio simbólico que se marca”, explicó a France 24.
Esa lógica se refleja en la crueldad diferencial de los crímenes. Mientras los hombres suelen ser ejecutados con armas de fuego, en los casos de mujeres aparecen con frecuencia signos de tortura, violencia sexual o mutilaciones, que funcionan como un mensaje público.
“Son crímenes que se muestran, que buscan exhibirse. Por eso se habla de una pedagogía del terror: los cuerpos de las mujeres se convierten en territorio de disciplinamiento y de advertencia”, añadió la antropóloga.
Para Kupsch, esta dimensión de género es central para entender por qué el triple asesinato de Lara, Brenda y Morena no puede interpretarse como un simple ajuste de cuentas narco. Se trata de un crimen que utiliza los cuerpos femeninos como territorio para transmitir poder, un patrón que ya se ha documentado en escenarios de violencia narco en América Latina.
El asesinato de las jóvenes no solo deja al descubierto el horror de un crimen atroz, sino también las grietas estructurales de un país donde la violencia narco y la violencia de género se entrelazan en los márgenes del Estado. Mientras la Justicia intenta reconstruir los hechos, la sociedad vuelve a reclamar lo mismo que desde hace años grita en las calles: que las mujeres no sean nunca más territorio de disciplinamiento ni de impunidad.
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