“Se adjudicó directamente la propiedad de la sede de El Nacional y los lotes de terreno sobre los que esta se encuentra construida a Diosdado Cabello Rondón”, número dos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), detrás de Nicolás Maduro, informó este lunes el medio en su sitio web.
La decisión estuvo a “cargo de la jueza Lisbeth del Carmen Amoroso Hidrobo, hermana del contralor general […], Elvis Amoroso Hidrobo, el pasado 27 de enero del presente año, sin haberse publicado de manera regular los carteles de remate en los que debe informarse públicamente el día, hora y monto mínimo para que los interesados hicieran sus ofertas“, añade el texto.
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La decisión se produce luego del embargo anunciado en mayo de 2021 para cubrir los 13 millones de dólares que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, le ordenó al diario pagar a Cabello en una demanda por difamación, introducida en 2015.
“Con esta adjudicación ilegal, que por la irregular forma en que se ejecutó, bien podrá calificarse de ‘robo judicial’, se completa parte de la condena impuesta a este diario, por los supuestos daños morales causados […], en ejercicio legítimo de su periodismo de investigación”, indica El Nacional.
Cabello tomó acciones legales contra el medio después de la reproducción de un reporte del periódico español ABC que lo vinculaba con narcotráfico. Luego de presentar la querella, el poderoso dirigente lanzó varias amenazas al medio fundado hace ocho décadas y prometió convertirlo en una universidad o emplear sus terrenos para la construcción de viviendas populares.
“Yo no quiero plata para mí”, dijo Cabello en una de sus declaraciones sobre el caso. La justicia venezolana consideró que Cabello fue “víctima” de un “daño moral gravísimo”. Demandas similares fueron desestimadas a la vez en España y Estados Unidos contra medios de comunicación de esos países.
La forma como se ha llevado el caso ha provocado una ola críticas contra la justicia venezolana. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró, al condenar la decisión, que la entrega del diario a Cabello es la “consumación del ‘robo del siglo’ al periodismo independiente”.
Más de un centenar de medios de comunicación han cerrado desde la llegada al poder de Maduro, denuncia la ONG Espacio Público.
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